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10 detenidos más por el caso de corrupción de los ERE de Andalucía que ya afecta al PSOE y a los sindicatos UGT y CCOO



Corrupción  |  Estado Español

8 de octubre de 2013

La jueza Alaya que instruye el denominado de los ERE de Andalucía, ordenó abrir una nueva fase de detenciones bajo el nombre de ’Heracles II’, en la que se han realizado 10 registros domiciliarios, incluidos un restaurante en Sevilla o la casa del empresario José María Sayago. Según Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil, "la operación sigue abierta".

La jueza ha ordenado una decena de detenciones. Entre ellos, Salvador Mera, actual secretario provincial de UGT en Cádiz. Junto a él, los exdirigentes del sindicato CCOO Juan Antonio Florido y Roberto Carmona. Con estas detenciones el caso de los ERE ya afecta a cargos del Partido Socialista y de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO.

El caso ERE es una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que gobierna el PSOE desde el año 1980. El origen de este escándalo está en la investigación, actualmente en curso, del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas.

El caso ERE está siendo actualmente investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la jueza Mercedes Alaya y por el Tribunal de Cuentas del Estado. Es de resaltar que la propia Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, representa la acusación particular en el caso.

Los hechos irregulares podrían haber comenzado en el año 2001, cuando el gobierno andaluz inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo, ERE, para realizar prejubilaciones o despidos, y a los trabajadores afectados por estos ERE. Hasta el año 2011, este fondo había sido dotado con 721 millones de euros y, para su finalización, debería ampliarse hasta la cifra de 1.217 millones. El Gobierno andaluz afirma que el procedimiento es legal, pero la acusación señala que lo delictivo son las operaciones que se hicieron con esos fondos. Se investiga si con esos fondos se concedieron prejubilaciones presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas; subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa; también se investigan comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre el Gobierno andaluz y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas. Asimismo, la jueza no descarta el pago de sobornos a cargos políticos del Gobierno andaluz por parte de los comisionistas.

Con la última operación de la jueza, se prevé que haya 52 nuevas imputaciones, que sumarían un total de 168, más que el caso Malaya.
El caso ha afectado gravemente al Partido Socialista en Andalucía. José Antonio Griñán, presentó su dimisión como presidente andaluz el pasado 27 de agosto. El 12 de septiembre, Griñán fue nombrado senador en la Cámara Alta con los votos de 55 de los 104 parlamentarios andaluces. Muchos opinan que este rápido nombramiento se motivó por el aforamiento que supone contra el caso de los ERE falsos, en el que Griñán estaba imputado. Griñán, además, sigue siendo el Presidente del Partido Socialista Obrero Español.



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