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40 o 50 dirigentes del Partido Popular podrían estar implicados en cobros corruptos



EconomíaCorrupción  |  Estado Español

21 de enero de 2013

El gobernante Partido Popular que preside Mariano Rajoy está inmerso en un escándalo de supuesta corrupción. A raíz del descubrimiento de las cuentas en Suiza de Luis Bárcenas, antiguo tesorero del partido, por valor de 22 millones de euros, se han ido conociendo más detalles. Supuestamente, esos millones se acumularon gracias a las comisiones ilegales de la trama corrupta Gürtel, por la cual se concedían contratos y otros servicios a la trama a cambio de millonarias comisiones.

Ahora, el diario El Mundo señala que dirigentes y trabajadores de base del Partido Popular, recibieron durante años sobresueldos en dinero negro que les ofrecía el entonces tesorero Bárcenas. Según este diario era una práctica habitual con sobres de entre mil y 15 mil euros, algunos recibidos puntualmente cada mes, durante años.

Según el periodista de El Mundo, Eduardo Inda, más de 40 dirigentes y exdirigentes del Partido Popular, PP, están temblando con el ’caso Bárcenas’. Para el diario El Mundo el que inicia y convierte en práctica habitual el cobro ilegal de sobre sueldos es el que fuera secretario general del Partido Popular entre 1989 y 1999, Francisco Álvarez Cascos. Y la práctica continuó con los siguientes secretarios generales. Hoy podría haber entre 40 y 50 dirigentes, muy conocidos, que han cobrado esos sobresueldos.

Por otra parte, el abogado de Bárcenas aseguraba que 10 de los millones de euros qué Bárcenas se llevó a Suiza han sido blanqueados a raíz de la reciente ley de amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy.

El Partido Socialista, en la oposición, pide que el Gobierno dé explicaciones en el Parlamento y que también se investigue en la Audiencia Nacional. El líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, reclama la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si se confirma que el ex tesorero del Partido Popular ha blanqueado dinero con la ley de amnistía fiscal.

La dirección del Partido Popular, en boca de su Secretaria General, María Dolores de Cospedal, alega que Luis Bárcenas ya no pertenece al Partido y que por tanto el dinero que se llevó a Suiza no es del partido. Sin embargo, Cospedal olvida decir que los supuestos hechos delictivos de Bárcenas se produjeron en la época en la que manejaba las cuentas del Partido Popular.

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, se pregunta si tras el caso Bárcenas se esconde una presunta financiación ilegal del Partido Popular, y si así fuera reclama que los miembros de ese partido y del Gobierno asuman responsabilidades políticas. Además, Izquierda Unida ha pedido celebrar en el Congreso una sesión plenaria monográfica en la que se debata sobre la corrupción y en la que comparezca el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La idea es reclamar al Gobierno la aprobación, en un plazo de 90 días, un plan de medidas urgentes para perseguir la corrupción política y empresarial, que, con forma de proyecto de ley, deberá ser pactado con el resto de fuerzas políticas.

Izquierda Unida cree, asimismo, oportuno retocar la Ley de Financiación de Partidos para limitar las donaciones anónimas a 10.000 euros al año y mejorar el control de las subvenciones públicas, dando primacía a la proporcionalidad en los votos obtenidos como criterio de financiación.

Para Cayo Lara, lo que está en el fondo del problema destapado por el caso Bárcenas es la financiación ilegal del PP y el deterioro de la democracia y el "hastío" ciudadano que generan estos asuntos. Y, ante esta situación, ha vuelto a reiterar que no todos los partidos políticos son iguales.

Mientras, el Partido Popular ha realizado una reunión del comité ejecutivo y en la misma, el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado una investigación interna a cargo de la actual gerente, Carmen Navarro, que incluirá una auditoría externa.

Ahora, anuncian que quieren descubrir toda la verdad. Sin embargo, durante las investigaciones del caso de la trama corrupta Gürtel, el Partido Popular no solo defendió la "inconsistencia de los indicios" contra Bárcenas, sino que además criticó el "cariz político que estaba tomando el caso con la única finalidad espuria -decían- de atacar a una formación política".

Los informes llevan fecha de septiembre de 2011 cuando el caso para Bárcenas estaba archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los abogados del Partido Popular reclamaron a este tribunal que mantuviera el archivo contra el ex tesorero por la falta de consistencia de los indicios incriminatorios. Los abogados escribían que las explicaciones dadas por Bárcenas, "como miembro relevante del Partido Popular, fueron suficientes para esclarecer la ausencia de delito" y censuraban que " se ha pretendido criminalizar lo que en muchos casos no parecen sino meras irregularidades administrativas que resultan penalmente inocuas". Eso es lo que decía el Partido Popular en septiembre de 2011. Ahora, esa misma persona a la que definían como "miembro relevante del Partido" y de la cuál defendieron su honestidad, es considerada por el propio Partido Popular como una persona ajena a la formación política y que por tanto deberá responder por sus actos personales. Así cambian los discursos según sople el viento.

Pero es más, el Partido Popular no sólo defendía hace tan solo un año y medio a Bárcenas, ya que en esa misma fecha, septiembre de 2011, los abogados del Partido Popular también defendían a su esposa, Rosalía Iglesias, acusada de un delito fiscal, porque -decían- no hay "ni un solo indicio de fraude fiscal". A pesar del archivo decretado por el Tribunal Superior de Madrid, la Audiencia Nacional reabrió el caso para ambos, que siguen imputados en el procedimiento que se investiga en el juzgado central de Instrucción número 5.

Por cierto, que precisamente el titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga las cuentas de Luis Bárcenas en Suiza y Estados Unidos, está dispuesto a analizar también los supuestos pagos ilegales a dirigentes del Partido Popular, según fuentes jurídicas. Se trataría de una pieza separada que podría estar conectada con el caso Gürtel. Las mismas fuentes consideran que resultarán claves, tanto el informe solicitado a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, como a la Agencia Tributaria, cuyo cometido es rastrear el origen y el destino del dinero de las cuentas de Bárcenas hasta el último euro. También resultará esclarecedora la ampliación de la comisión rogatoria solicitada a Suiza, que pretende conocer hasta la correspondencia mantenida por Bárcenas con todos aquellos que tenían alguna relación con sus finanzas, y las solicitadas a otros 17 países. Fuentes jurídicas destacan la colaboración de casi todos los países en la investigación, excepto Holanda con las Antillas Holandesas y Curaçao.



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