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Abogado juicio ’Anonymous’: “el caso se usó para criminalizar la protesta del 15M”



ONG, colectivos y sociedad civilTecnologíaJusticia e In-Justicia  |  Estado Español

20 de mayo de 2016

Finalizó el juicio de tres jóvenes acusados de pertenecer a ’Anonymous’ y protagonizar un ciberataque en las víspera de las elecciones autonómicas y municipales de 2011 a la web la de la Junta Electoral, la de UGT y la del Congreso. A los tres durante la vista la Fiscalía ha rebajado la petición de cárcel a cuatro años y tres meses y 1.500 euros de multa, acusados de “un delito de daños informáticos continuado y de pertenencia a grupo criminal”. Y todo ello a pesar de las irregularidades que los tres acusados han denunciado a lo largo del proceso y la endeblez de las pruebas de cargo.

Este proceso empezaba con la detención de Rodrigo T. S. el 20 de mayo de 2011, al calor de las movilizaciones del 15M. Una detención que en su momento la policía vendió como una exitosa operación en la que aseguraban haber desmantelado a la “cúpula de Anonymous”, aún cuando si algo caracteriza a Anonymous es la ausencia de “cúpulas dirigentes”. Entre las irregularidades denunciadas en el juicio a estos jóvenes está la inclusión en el sumario de transcripciones de conversaciones entre uno de los acusados y su abogado, a pesar de que esto supone una vulneración del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos tal como reconoció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia en la que se dictaminó que la grabación de conversaciones, aún con autorización judicial, vulnerar el artículo 8 de la Convención referido al derecho de toda persona a su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia.

Para los acusados, sus abogados, familiares, amigos y para colectivos sociales, desde el primer momento, el caso fue un síntoma más de la criminalización de la protesta, ya que se produjo en una situación, en días posteriores al estallido social del movimiento 15M. Carlos Sánchez Almeida es uno de los abogados de los acusados, afirma que este caso no debería hacer existido nunca y no descarta emprender acciones legales contra los agentes y el comisario que participaron en la operación.

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La Fiscalía pide para cada uno de los tres jóvenes cuatro años y tres meses de prisión, el pago de una multa de 1.500 euros e indemnizar solidariamente con 700 euros al Congreso, donde se alojaba la web de la Junta Electoral Central.

Durante el juicio las pruebas presentadas por la Fiscalía quedaron en entredicho y bajo sospecha. Uno de los alegatos que causaron risas en los asistentes al juicio fue cuando se valora en 700 euros los daños causados por un ciberataque al servidor de la Junta Electoral Central. Sin embargo, se reconoce que no fueron costes reales, ya que el trabajo lo realizó un empleado del departamento de informática del Congreso y no cobró "extra" por hacer su trabajo: estaba en nómina. Pero además, según los peritajes todo apunta a que no hubo un ciberataque, sino que se trató de una caída del servidor por la multitud de correos electrónicos enviados por el movimiento de indignados para que se permitiesen las acampadas de protesta.

La policía presentó a los tres jóvenes como la cúpula de Anonymous en España y sin embargo también ha quedado demostrado que ni siquiera se conocían entre ellos.

También se cuestiona el papel de un agente infiltrado en los chat. En el juicio el agente encubierto aseguró haber ofrecido botnets, es decir robots informáticos para contaminar servidores, y haber sugerido un ataque fuerte a la web del Partido Socialista Obrero Español porque era la “jerga” que se usaba dentro del chat y así se ganaba su confianza.

Las quejas de las defensas manifestadas sobre algunas pruebas no se termina ahí: en los discos duros, supuestamente precintados y protegidos en 2012, aparecieron archivos con fecha de 2013, es decir, fueron manipulados.

Tampoco se precintaron correctamente los ordenadores y el primer volcado de la información de los mismos falló y tuvo que repetirse.

Para los abogados se trata de un despropósito de caso que ya debería haberse archivado.

El caso está ahora en manos de la juez, que será encargada de absolver a los acusados, como piden los abogados de las tres defensas, o de estimar las condenas que solicita el fiscal.



Este artículo forma parte de la serie
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