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Aborto deja de ser un derecho y se convierte en delito: las mujeres sólo podrán abortar con informes médicos que lo justifiquen



MujeresSaludJusticia e In-Justicia  |  Estado Español

20 de diciembre de 2013

No hay día sin que el Gobierno español sea protagonista de una noticia que sería calificada de escándalo político y social en muchos países del mundo. Su carácter ultraderechista es ya más que evidente, y su mayoría absoluta se ha convertido en una mayoría absolutista que ni escucha a la sociedad, ni a los partidos de oposición, y legisla castigando a la ciudadanía y en favor de las élites.

Este viernes, el Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, que deja de ser un derecho de las mujeres para convertirse en un delito. Una reforma que retrocede más de 30 años en derechos de las mujeres. La reforma restringe los casos en los que la mujer podrá abortar al volver a un sistema de supuestos en lugar del actual de plazos. Esta nueva normativa, más dura que la de 1985, otorga prioridad al no nacido en detrimento de la madre. El cambio en el nombre de la normativa deja a las claras la postura del ultraderechista Partido Popular. Si la Ley aprobada por el Gobierno socialista en 2010 se llamaba Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ahora la Ley del Partido Popular se llama Ley de Protección de la vida del concebido y de derechos de la embarazada.

La mujer sólo podrá abortar si dos médicos le dan su visto bueno. O sea, si acreditan que el embarazo supone un peligro para su salud física o psicológica. De esta manera el embarazo es de las mujeres, pero el aborto de los médicos. Así, el aborto desaparece como derecho y voluntad exclusiva de la mujer en las primeras 14 semanas y vuelve a considerarse delito por el Código Penal con dos excepciones: si el embarazo es producto de una violación o si supone un "grave peligro para la vida o la salud psíquica o física de la mujer". Y eso incluye anomalías fetales incompatibles con la vida, siempre que dañen psicológicamente a la gestante. Para los embarazos que sean fruto de una violación, el límite serán 12 semanas de gestación. Para el resto de los casos, 22.

La Ley es un contrasentido de la sociedad moderna, y los expertos consideran que provocará abortos clandestinos, con enormes riesgos para la mujer. Además, habrá más niñas que se conviertan en madres y más desigualdad, porque siempre podrá abortar quien tenga dinero. Es decir, las que tengan dinero se irán al extranjero a abortar, como ocurría antes.

Con esta reforma el Estado español se aleja del resto de leyes europeas. Incluso la ONU recoge en un informe que las leyes que castigan y restringen la interrupción voluntaria del embarazo son inaceptables.

De todas formas, será una reforma que nacerá muerta si los partidos de la oposición cumplen su promesa de cambiar la ley cuando cambie la mayoría parlamentaria.

Susana Albarrán, de la Red Nosotras en el Mundo, nos amplía los detalles con el siguiente informe [ESCUCHA EL AUDIO].



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