En el Estado español, miles de niños y niñas en situación de riesgo y desamparo, ingresan en centros bajo la responsabilidad de la Administración que, desde ese momento y hasta su mayoría de edad, es garante de su cuidado y protección.

Una parte de esos niños y niñas, en condiciones de dificultad social o por supuestos trastornos de conducta, van a parar a centros de protección terapéuticos, donde se les debería ofrecer la atención adecuada para dichos casos. Algunos ingresan a solicitud de los padres para que reciban el tratamiento que necesitan.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha constatado, a través de testimonios de menores, familiares y profesionales a cargo de los menores, graves violaciones de los derechos humanos de estos niños y niñas.

Algunos de estos menores han sido víctimas de privación de libertad sin orden judicial, malos tratos y aislamiento en celdas. En ocasiones, se les ha atado y amordazado.

En los denominados centros terapéuticos, se han dado casos en que se ha vulnerado su derecho a la salud con tratamientos médicos sin diagnóstico, administrados sin la debida diligencia, sin información y sin su consentimiento, e incluso mediante medicación forzosa con fines sancionadores.

La Administración reconoce desconocer cuantos menores hay en España bajo su protección. Su invisibilidad, la falta de controles y la poca atención brindada a estos niños y niñas ha conducido al olvido y negación de las violaciones de sus derechos, facilitando la impunidad.

Amnistía Internacional pide al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que garantice los derechos humanos de los y las menores en los centros de protección terapéuticos, ya sean de gestión pública o privada.