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Barrio Gamonal de Burgos: ejemplo de una ciudadanía que pone la razón a la sinrazón política especulativa



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13 de enero de 2014

Casi dos años llevan las vecinas y vecinos del barrio Gamonal, de la ciudad de Burgos, protestando contra las intenciones del alcalde, Javier Lacalle, del ultraderechista Partido Popular, de gastar un mínimo de 8 millones de euros en convertir una calle, la calle victoria en un bulevar completamente nuevo. La calle es fluida y el barrio considera que la obra es caprichosa y frívola. Más aún porque se lleva a cabo en tiempos de crisis, donde la sociedad está reclamando más ayudas sociales y en un barrio donde hay familias que están teniendo problemas para incluso poder alimentarse correctamente. Pero es que además, el alcalde concede la obra innecesaria Antonio Miguel Méndez Pozo, un empresario ya condenado y encarcelado por corrupción, y que maneja también la información de la ciudad y, en general, en Castilla y León, al ser dueño de Promecal, grupo de comunicación que maneja periódicos, radios (muchas son piratas, comerciales sin licencia) incluso es dueño de una parte de la explotación de la televisión y radio autonómica de Castilla y León. Así no es de extrañar la manipulación informativa y la criminalización que se está haciendo de la legítima protesta ciudadana.

En los últimos días, con las intenciones de comenzar las obras, miles de personas se echaron a la calle para detenerlas. Las vecinas y vecinos afirman que los millones se deben gastar en cuestiones sociales más necesarias y se preguntaban en carteles quién iba a pagar la obra, qué tasa o impuesto subirían y qué puestos de trabajo recortarían. Pero la protesta fue reprimida violentamente por la policía y se han producido duros enfrentamientos con un pueblo que ha decidido resistir ante la injusticia, la especulación y el gasto inapropiado del dinero público. El resultado han sido varias personas heridas y detenidas, incluidas menores de edad. Muchos medios han criminalizado intentando tachar de “violentas” las manifestaciones. Denuncian detenciones arbitrarias y explican que algunos deciden cubrirse los rostros por las amenazas de tener que hacer frente a penas de cárcel y multas económicas cuantiosas por el hecho de manifestarse.

El barrio asegura que su lucha es justa, pacífica y exigen al alcalde que escuche al pueblo y a las autoridades judiciales que liberen a las personas detenidas.

Por su parte, el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, insiste que no va a detener la obra, porque según él iba en los programas electorales de las dos mayores fuerzas políticas de Burgos, el Partido Popular, y el Partido Socialista, y por tanto, sumando los votos obtenidos por los dos partidos, dice el alcalde, que el 80% de la población apoya la obra. Sin embargo, el Partido Socialista de Burgos ha desmentido ese hecho, afirmando que están absolutamente en contra de la obra que pretende el alcalde y que se sitúan del lado de las vecinas y vecinos.

Pero vamos a profundizar en todas las claves de esta obra que con un presupuesto inicial de 8 millones, luego podría alcanzar una cifra mucho mayor, de alrededor de 14 millones de euros.

La ejecución del plan supone la construcción un carril por sentido, eliminando 2 de los 4 actuales, y un vial central destinado a bicicletas y peatones. Igualmente plantea la eliminación de 350 plazas de aparcamiento gratuitas en superficie y la creación de un parquin subterráneo de 250 plazas, que se venderán por cantidades cercanas a 20.000€ cada una.

Los vecinos se han opuesto frontalmente desde un inicio al proyecto. Cuestiones como la no separación del tráfico de transporte público, dudas sobre la reducción de capacidad de una de las arterias fundamentales de la ciudad o eliminación de plazas de aparcamiento público, han generado un intenso debate y resistencia sobre la idoneidad la obra. Tampoco ven justificación a un gasto de este calibre en la situación actual con recortes severos en otras áreas de actuación dependientes de la administración local.

No obstante la principal queja es precisamente la cerrazón del alcalde, Javier Lacalle (Partido Popular), que no ha querido escuchar a la calle, con otros planes diferentes para su barrio.

Otro foco de reticencias es la adjudicación del proyecto a M.B.G. Ingeniería y Arquitectura SL, sita en el Edificio Promecal y propiedad de Antonio Miguel Méndez Pozo, viejo conocido del panorama de la corrupción por su condena por falsificación documental en el “Caso de la Construcción” de Burgos, por la que pasó 2 años en la cárcel. Su hijo, Miguel Méndez Ordóñez, también empresario, reconoció en 2006 haber invitado a altos funcionarios municipales y al entonces concejal de urbanismo y hoy alcalde de Burgos, Javier Lacalle, a un viaje con todos los gastos pagados a la Costa Azul, y añadió que estaba dispuesto a hacerlo con quien colabore con sus empresas. Dos meses después estos constructores obtuvieron la adjudicación para la construcción del túnel de la calle Islas Baleares de Burgos.

Pero estos movimientos especulativos que favorecen a corruptos condenados están encontrando su resistencia en unas vecinas y vecinos que están dispuestas a resistir. Gamonal está trascendiendo del ámbito local para convertirse en un ejemplo de dignidad y lucha ciudadana. El proceso asambleario que se esté gestando en el barrio puede poner contra las cuerdas a un ayuntamiento maniatado por los intereses de las empresas constructoras.

Al poder político, económico y mediático le preocupa mucho la capacidad de levantamiento de un pueblo digno. Así que la maquinaria para criminalizar la protesta está en marcha, pero desmantelando las mentiras, Gamonal ya se ha convertido en un ejemplo que puede replicarse en cualquier momento en cualquier otro lugar.

Escucha el informe.



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