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Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos denuncia a España ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas



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11 de abril de 2017

Desde hace años, en las calles de los pueblos y ciudades del Estado español se producen redadas por parte de la policía que las organizaciones sociales califican de redadas racistas. Son redadas que se realizan en las plazas, en las salidas del metro, paradas de autobuses, y donde la policía busca a migrantes en situación administrativa irregular. Esos migrantes son detenidos, privados de libertad, sin haber cometido ningún delito, solo por la falta administrativa de no tener permiso de residencia o trabajo. Son llevados a los Centros de Internamiento para Extranjeros y con la posibilidad de ser deportados a sus países de origen.

Por otro lado, muchas de las personas que bien a nivel individual o como parte de un colectivo social, han grabado, por ejemplo con sus móviles, estas redadas racistas, han sido también reprimidas, se les ha quitado el material grabado y están teniendo que afrontar cuantiosas multas económicas.

En Madrid, un importante número de personas decidieron organizarse en el colectivo de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos para documentar y denunciar esas redadas racistas ilegales. Este colectivo, que también ha sufrido la represión policial por la tarea que desempeña, acaba de dar el paso de denunciar al reino de España ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por vulneración de derechos fundamentales, de libertad de expresión e información, de reunión, de asociación y a la tutela judicial efectiva.

Consideran que la identificación de personas extranjeras en lugares públicos en base a criterios racistas, xenófobos y clasistas, es una constante desde hace años en las criminales políticas de inmigración. Afirman que los controles ordenados por el Ministerio del Interior no guardan ninguna relación con la actividad que realizan las personas a las que se identifica si no que vienen determinadas por su aspecto físico, por lo que son discriminatorias, ilegitimas, racistas e injustas.

Estas redadas están prohibidas por la ley y las consecuencias para quienes no tienen autorización de residencia son muy graves: limitan su capacidad de movimiento y pueden derivar en detención, multa, orden de expulsión, ingreso en un Centro de Internamiento o en expulsión del país.

Los compañeros de Radio Vallekas, de Madrid, nos ofrecen la entrevista con Nerea, que forma parte de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos.



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