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Catalunya, pensiones y presupuestos cuestiones que se interrelacionan y ponen en jaque al Gobierno de Rajoy



Pensamiento político y social  |  Estado Español

26 de marzo de 2018

El expresidente de Catalunya, Carles Puigdemont, fue detenido en Alemania cuando viajaba de Finlandia a Bélgica. La detención se produjo en la frontera entre Alemania y Dinamarca, en una frontera terrestre en el espacio Schengen y donde normalmente no hay controles. La policía alemana estaba ya avisada por los servicios de inteligencia españoles, que tenían localizado al expresident. Se barajó detenerlo en Dinamarca, pero finalmente se optó por Alemania, uno de los países de la Unión Europa con el que España tiene mejores relaciones. Allí existe un delito equiparable al de rebelión, el más grave al que se enfrenta Puigdemont. Se llama Alta Traición a la Federación y se castiga con una pena máxima de cadena perpetua.

El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha señalado que no se puede "dar por hecho" que su defendido vaya a ser entregado a España porque considera que la directiva europea establece que, "para proceder a la entrega, han de existir garantías de que la persona entregada tendrá un juicio justo en el país requerido", y para el abogado hay motivos más que fundados que hacen sospechar que no se van a respetar esas garantías.

Si Puigdemont accede voluntariamente a la entrega de Alemania a España, esta se haría efectiva en un plazo de 10 días; pero si se opone, sería de 60 días o de forma excepcional un mes más. Tres meses como máximo para decidir el futuro del expresident detenido, aunque tiene un horizonte judicial muy complicado.

Mientras, desde su partido, el PdeCat, buscan que el presidente del Parlamento catalán convoque en esta semana un pleno excepcional donde buscarían investir a Puigdemont como presidente de Catalunya. Pero no parece que el resto de partidos independentistas, Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP quieran apoyar esa idea.

En las calles de Barcelona y varias localidades catalanes se han producido masivas manifestaciones de protesta por la detención de Puigdemont y por la libertad de los dirigentes políticos independentistas que están encarcelados. La Autopista AP7 y la A2 fueron cortadas por manifestantes y en Barcelona hubo enfrentamientos con la policía autonómica que realizó cargas provocando más de 100 heridos y varias personas fueron detenidas.

El Gobierno del Partido Popular juega sus bazas a los procesos judiciales que podrían terminar con condenas de entre 10 y 20 años de cárcel para los políticos independentistas procesados. Un hecho que sería insostenible e inaceptable para la mitad de la sociedad catalana que votó a partidos independentistas en las últimas elecciones.

Por otro lado, está el conflicto a nivel de todo el Estado de las pensiones. Los jubilados y pensionistas siguen convocando cada semana manifestaciones para protestar por la subida de un 0,25% de las pensiones, que en realidad supone una pérdida de la calidad de vida de ese colectivo, ya que los precios crecieron muy por encima de ese 0,25, con la consecuente bajada del nivel adquisitivo.

Los pensionistas ya no se creen los argumentos del Gobierno cuando afirma que no hay más dinero para pensiones y al mismo tiempo se rescatan con dinero público las autopistas privadas.

El Gobierno empieza a darse cuenta de la gravedad del asunto y anuncia que podría revalorizar las pensiones en un 2%, pero vinculando la subida a que la oposición apruebe la totalidad de sus presupuestos generales del Estado que están a punto de presentarse.
Si bien parece que el partido afín al PP, Ciudadanos, está dispuesto a apoyar los presupuestos, el Partido Nacionalista Vasco, el otro apoyo que busca el Gobierno, puede condicionar su voto a favor al hecho de que el Gobierno de Rajoy deje de aplicar el Art. 155 de la Constitución, que suspendió la autonomía en Catalunya.
Por tanto, pensiones, presupuestos y el conflicto catalán pueden verse mezclados. Cuestiones que pueden poner contra las cuerdas al Gobierno de Mariano Rajoy, que de no conseguir que se aprueben los presupuestos podría convocar nuevas elecciones.



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