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Coca-Cola, acusada de financiar el terrorismo en Colombia



Guerras y conflictosEmpresas transnacionalesTrabajo y sindicalismo  |  América Latina y el Caribe

7 de septiembre de 2016

Recientemente Colombia alcanzó un histórico acuerdo de paz que busca poner fin a una guerra interna de más de medio siglo. El texto fue ratificado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El próximo paso será la realización de un plebiscito el 2 de octubre, donde la ciudadanía en su conjunto se exprese al respecto.

Sin embargo, no siempre está presente que la guerra civil colombiana está atravesada por múltiples factores que van más allá del enfrentamiento entre el Ejército regular y los grupos insurgentes.

Las empresas multinacionales han cumplido, muchas veces, un rol clave en el sostenimiento del conflicto afectando a poblaciones enteras o incluso involucrándose abiertamente, como en el caso de Coca-Cola.

Durante los años 90 y principios del 2000, al menos nueve dirigentes sindicales de las plantas embotelladores de Coca-Cola en Colombia fueron asesinados por fuerzas paramilitares. Según consta en una denuncia internacional hecha por los propios trabajadores, la empresa fue cómplice de estos crímenes.

La hostilidad de la transnacional de bebidas se inició en mayo de 1992, cuando el Gerente de Coca-Cola, José Gabriel Castro, acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla. En 1994 fue asesinado el sindicalista José Manco David en la planta de Carepa, dando inicio a otros muchos asesinatos.

Ya en 1996 un comando del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegó directamente a la planta y asesinó a Isidro Segundo Gil, quien encabezaba un reclamo contra la empresa. Al día siguiente, las AUC regresaron a la planta, destruyeron las instalaciones del sindicato y acamparon durante dos meses de manera intimidatoria en la puerta. Coca-Cola nunca denunció su presencia a las autoridades, en cambio utilizó la situación para despedir a otros dirigentes sindicales y rebajar el salario de los trabajadores.

Otro de los asesinados fue Adolfo Múnera, dirigente del sindicato SINANTRAINAL, quien trabajó durante años defendiendo los derechos de los trabajadores de Coca-Cola en la Costa Caribe colombiana.

El sindicalista barranquillero, destacó porque en 1995 lideró una huelga histórica logrando el cierre de las plantas de Coca-Cola en la costa caribe, ocasionando una pérdida millonaria a la empresa. Debido a ese tipo de acciones, Adolfo empezó a ser perseguido. En 1997, su casa fue allanada y fue tildado públicamente de pertenecer a la insurgencia. Así lo explicaba él mismo antes de ser asesinado.

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Tras años de pedir protección a la Fiscalía, Múnera fue asesinado el 31 de Agosto del 2002 a manos de Adolfo Charris Castillo quien le dispara ocasionándole la muerte. Charris ya había sido investigado por homicidios contra líderes sociales y sindicalistas.

Ante la falta de respuesta de la Justicia colombiana, los trabajadores de Coca-Cola presentaron una demanda en Miami, donde está la sede de la multinacional. A pesar de esto, la empresa se desligó de los crímenes y aseguró que no tenía nada que ver con lo que se hacía en las plantas embotelladoras de Colombia. Asimismo, pidió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que realizara una investigación "independiente" de los hechos. Pero se dio la curiosidad de que Ed Potter, el entonces delegado de EE.UU. en la OIT era también director de relaciones internacionales de Coca-Cola.

Gloria Cuartas, que fue alcaldesa de la localidad de Apartadó entre 1995 y 1997, trabajadora social y defensora de los derechos humanos, reclama que las empresas que financiaron el terrorismo y asesinaron a dirigentes campesinos tienen que responder ante la justicia. Pero también hace un llamamiento para el consumo crítico de productos de empresas que violan los derechos humanos.

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La organización popular colombiana Marcha Patriótica explica que "más allá de Coca-Cola, es tremendo cómo el capital privado y las multinacionales han financiado y promovido el conflicto armado en Colombia". Según Marcha Patriótica lo han hecho a través de grupos paramilitares "para echar a las comunidades de los territorios y de esa forma llegar a un lugar ’vacío’ a extraer los recursos naturales".

Hace poco salió el informe de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, donde se señalan más de 50 empresas que han colaborado con grupos paramilitares durante el conflicto armado. Señalan que estas compañías "podrían ser juzgadas dentro de esta jurisdicción especial para la paz" que va a surgir de la firma de los acuerdos en La Habana.



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