Este 21 de Abril comenzó el juicio al movimiento pro Amnistía en Madrid. El banquillo de la Casa de Campo recibe a 27 ciudadanos vascos más. Son personas con una trayectoria absolutamente pública y no sólo conocida, sino reconocida. Su labor básica no ha sido otra que defender los derechos de los presos vascos, los refugiados, los deportados o los detenidos. No es un trabajo diferente al que desarrollan militantes por los derechos humanos en otros muchos puntos del mundo.

El juez Baltasar Garzón les imputa “pertenencia a la organización armada ETA”. El fiscal pide para cada uno de ellos penas de diez años de prisión. Mediante el sumario de investigación 33/01 el juez Baltasar Garzón ha suspendido la actividad de Gestoras pro Amnistía y de Askatasuna considerando ilícita su labor pública e imputa a 27 personas un delito de “pertenencia a organización armada”. El juez considera que todas sus “actividades las cumple Gestoras, bajo el control y dirección de ETA” por lo que participar en Gestoras es formar parte de la organización armada. Entre los elementos de imputación reflejados en el auto de acusación estaría el haber pertenecido en el pasado a otras organizaciones sociales, el estar vinculado sentimentalmente a presos, la elaboración de campañas, convocatoria de movilizaciones, la asistencia a reuniones, el desarrollo de proyectos del organismo... Actividades que en cualquier caso eran las públicamente desarrolladas. En un comunicado los acusados mantienen que el juicio que se inicia “criminaliza sin fundamentos legales la solidaridad con los presos políticos, la oposición a la represión y la violencia de Estado, y la actuación de defensa de los derechos humanos”.