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Comisión Jurídica de las Marchas de la Dignidad estudia acciones legales contra autoridades políticas, la Delegada del Gobierno en Madrid y la Policía



ONG, colectivos y sociedad civilJusticia e In-Justicia  |  Estado Español

28 de marzo de 2014

El pasado sábado 22 de marzo, las Marchas de la Dignidad congregaron a más de un millón de personas, colectivos y pueblos de todas partes del estado que salieron a la calle reclamando una vida digna, trabajo, casa, servicios públicos para todos y todas y el no al pago de una deuda ilegítima.

Cuando la movilización era ya un éxito de participación, con la Plaza de Colón de Madrid llena de miles de personas, incluyendo a personas mayores, niñas y niños, y minutos antes del comienzo de los telediarios televisivos se produce la acción de unos encapuchados sospechosos, a los que nadie parecía conocer, provocando y justificando las cargas policiales que sirvieron para no hablar del éxito de la movilización ciudadana y se hablara sólo de la violencia.

Algunos manifestantes hablaban en la movilización que algunos de esos encapuchados luego no eran perseguidos por los policías, insinuando que se trataba de infiltrados de la policía.

La Comisión Jurídica de las Marchas de la Dignidad exige que se investiguen esos hechos, que se sepa quiénes comenzaron la violencia y con qué motivación política. Alrededor de 30 abogadas y abogados que forman la Comisión Jurídica de las Marchas denuncian que con anterioridad al 22 de Marzo tanto la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, como el Presidente de esta comunidad autónoma, Ignacio González, efectuaron manifestaciones públicas que consideran degradantes e injuriosas respecto de las personas que se movilizarían en Madrid el día 22, interfiriendo claramente en el derecho de manifestación recogido en la Constitución y en el derecho al honor protegido en el Art. 18 de la Constitución Española, al equiparar a los manifestantes con alborotadores y nazis. Desde el viernes 21 de marzo las fuerzas de seguridad del estado retuvieron injustificadamente más de 100 autobuses que se desplazaban a Madrid para participar en la manifestación, efectuando identificaciones y registros indiscriminados sin existir motivo alguno para ello, vulnerando el derecho a la intimidad y a la no injerencia de la autoridad pública en la vida privada de las personas (Art.18 de la Constitución y el Art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). La comisión legal 22M considera este tipo de actuaciones como una intimidación contra las personas que acudían a ejercer su derecho a manifestarse, y sin que existiese circunstancia alguna que justificase dicha disuasión frente al ejercicio de un derecho fundamental.

La Comisión Jurídica de las Marchas de la Dignidad anuncia, por tanto, que van a recopilar todos los datos posibles para emprender acciones legales contra la Delegada del Gobierno y contra la Policía, que tras las Marchas, aparecieron por diferentes medios de comunicación presentando supuestas pruebas de armas violentas de manifestantes que luego se han demostrado y han tenido que reconocer, que son falsas.

Según los datos de que dispone la comisión, un total de 21 personas resultaron detenidas en las cargas del día 22, 2 de ellas menores de edad. Una persona más fue detenida el día 23 tras la concentración en Madrid reclamando la libertad de los detenidos. Gran parte de ellas sufrieron lesiones durante la detención.

Escucha las declaraciones de la Comisión Jurídica de las Marchas de la Dignidad y el análisis político de Rafa Escudero, de la Comisión de Coordinación Estatal de las Marchas de la Dignidad del 22M.



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