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Continúan los procesos judiciales contra cargos políticos catalanes por el referéndum de independencia del 1 de octubre



Pensamiento político y socialJusticia e In-Justicia  |  Estado Español

20 de febrero de 2018

La secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, Marta Rovira, reveló al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que pidió al expresidente catalán, Carles Puigdemont, que parara las votaciones del referéndum del 1 de octubre de 2017 en vista de la "violencia policial" cuando se intentaba hacer cumplir la orden de no celebrar la consulta dictada por el Tribunal Constitucional. El expresident se negó.

Marta Rovira, que destacó ante el juez que le disgusta la violencia, ha quedado en libertad bajo fianza de 60.000 euros después de declarar durante dos horas. Rovira también defendió el derecho a decidir de los catalanes. También aseguró que la declaración de independencia no tenía efectos jurídicos. Lo mismo declaró la coordinadora general del PdeCAT, Marta Pascal, quien ha quedado en libertad sin fianza. Pascal destacó ante el juez que ella siempre fue contraria a la declaración unilateral de independencia, que apostó por la legalidad, la Constitución y que defendía convocar elecciones.

Hay que recordar que el juez Llarena investiga los supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia durante el proceso independentista que culminó con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre pasado. La investigación abarca en el Tribunal Supremo a 28 políticos y líderes civiles del proceso de independencia de Catalunya.

El magistrado ha dictado hasta ahora dos tipos de libertades para los encausados. Así, decretó prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la expresidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, que pasó una noche en la cárcel, y de 100.000 euros para seis exmiembros del Govern que estuvieron encarcelados dos días. Además, dejó en libertad bajo fianza de 25.000 euros a los demás miembros de la Mesa del Parlament.

Mireia Boya, exdiputada de la CUP, coalición de izquierda independentista, reacciona ante todo este proceso judicial contra cargos políticos catalanes. Señala que nadie debería haber sido enjuiciado y mucho menos entrado en prisión. La exdiputada afirma que la declaración de independencia pudo haber sido efectiva si el Gobierno español no hubiera intervenido y tomado el control de Catalunya con la utilización del artículo 155 de la Constitución española. Boya opina que la justicia española está haciendo política, y por tanto, señala a la investigación judicial que está dirigiendo el juez Llarena.

Mientras todo esto ocurre, siguen las negociaciones para formar el Gobierno de Catalunya entre los partidos independentistas que ganaron las elecciones. La presidencia de Carles Puigdemont, quien sigue autoexiliado en Bélgica, parece cada vez más lejana. Y es que todos apuntan a una alternativa. Hay que buscar la manera de legitimizar a Puigdemont, dicen, y de tener un gobierno de Catalunya efectivo.


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