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Contra la impunidad del franquismo: jueza argentina pide la detención de 4 represores franquistas



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19 de septiembre de 2013

La jueza de Argentina, María Servini, que investiga los crímenes de la dictadura franquista en un juzgado de Buenos Aires ha solicitado a Interpol cuatro órdenes de detención para poder extraditar e interrogar a cuatro torturadores del franquismo imputados en la causa. La jueza que lleva la querella para investigar los crímenes de la dictadura franquista atribuye delitos "imprescriptibles" de lesa humanidad con penas de entre 8 y 25 años de cárcel y reconoce el derecho de Argentina a investigar los crímenes de la dictadura franquista.

Para esta jueza argentina, los delitos de crímenes contra la humanidad que se pudieran haber cometido durante el franquismo no han prescrito y merecen ser investigados. Según dice textualmente el escrito de la jueza: "se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", y especifica que se debe realizar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)".

Los cuatro imputados en el proceso que la jueza quiere extraditar e interrogar en Argentina son: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta del dictador Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, y el ex comisario José Ignacio Giralte González, a quienes se les atribuye la tortura de varios presos, y el ex inspector José Antonio González Pacheco, también conocido como ’Billy el Niño’, a quien acusa de haber torturado a 13 personas. Cuatro acusados que, a partir de ahora, pasan a estar imputadas en la investigación y que deben ser extraditados a Argentina "a efectos de recibir declaración indagatoria".

La jueza imputa a los cuatro acusados después de haber recibido gran número de denuncias por parte de las víctimas. Según indica en su auto la magistrada argentina, son presuntos delitos que podrían ser considerados como crímenes contra la humanidad, sancionables en Argentina con penas de 8 a 25 años de cárcel y que "resultan imprescriptibles y están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".

El extenso auto de la jueza argentina se centra en avalar la capacidad de Argentina para investigar los crímenes de la dictadura franquista en España, y también para pegar un tirón de orejas a la justicia española: indica que las pruebas recabadas durante el proceso "demuestran que no se estaría llevando en España una investigación eficaz de los hechos", y recuerda que la legislación internacional establece que "cuando un Estado no ha ejercido su soberanía, los restantes estados de la comunidad internacional quedan habilitados para hacerlo".

Hay que recordar que el 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante un juzgado de lo penal de Argentina por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico-militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas.

La querella fue presentada por víctimas, familiares de víctimas y asociaciones sociales y de derechos humanos argentinas y españolas. Los fundamentos jurídicos se asientan en el principio de jurisdicción o justicia universal, conforme al cual los tribunales de justicia de cualquier país pueden y deben actuar cuando se cometen crímenes que afectan y ofenden a la comunidad internacional.

En 76 años, en el Estado español, no ha sido juzgado ni un solo caso de los centenares de miles de crímenes cometidos. En Alemania, en Francia, en Italia...se juzgaron de acuerdo con el derecho internacional los crímenes del nazismo y del fascismo.

En 1977, en plena transición democrática se aprobó la Ley de Amnistía, que si bien sacó de las cárceles a multitud de perseguidos políticos también sirvió como Ley de Punto Final, es decir, como apoyo legal para la impunidad a los criminales responsables de la dictadura.

En Argentina, Chile, en la antigua Yugoslavia, en algunos países de África se siguen juzgando crímenes contra la humanidad, sentando en el banquillo de los acusados a los más altos responsables de las atrocidades. En el Estado español no y las cifras son tremendas, más de 114 mil personas desaparecidas y se estima que más de 30 mil niñas y niños fueron sustraídos de sus familiares y entregados a familias afines del franquismo.

Hay que recordar que, según reiteradas resoluciones de los organismos internacionales, y según la legislación del derecho penal internacional, en el Estado español deben ser juzgados los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde 1936, a lo que se niegan las autoridades españolas. De momento, todas las querellas y denuncias de las víctimas han sido siempre archivadas. En el Congreso español, el Gobierno del Partido Popular, con su mayoría absoluta, y con el apoyo de Unión Progreso y Democracia, evitaron una condena oficial parlamentaria de la dictadura franquista.

Escucha el reportaje.



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