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Corrupción Real: el yerno del Rey y su socio podrían ser procesados por embolsarse más de ocho millones de euros de dinero público



Corrupción  |  Estado Español

10 de noviembre de 2011

Según las primeras investigaciones, Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos I, y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, se embolsaron presuntamente al menos ocho millones de euros en fondos públicos concedidos a dedo y sin ningún control posterior por los gobiernos autonómicos de Francisco Camps y Jaume Matas, ambos del PP, aunque no se descarta que las cantidades pagadas fueran aún más elevadas.

Para conocer los datos de este caso de corrupción que afecta a la Casa Real española, adaptamos radiofónicamente el artículo de José L. Lobo, del diario digital elconfidencial.com

El juez José Castro, que ordenó el pasado lunes el registro de la sede de Nóos en Barcelona, deberá analizar ahora la abundante documentación requisada por la policía sobre la tupida trama de sociedades utilizada por Urdangarín, Duque de Palma, para desviar el dinero, incluida la promotora Aizoon S. L., propiedad de Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina de Borbón. Fue el ex presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, Francisco Camps, en 2004, el primero en subvencionar, supuestamente de forma fraudulenta, al Instituto Nóos. Su Gobierno regional pagó 2,4 millones de euros a la entidad que presidía Urdangarín por la organización de las dos ediciones del Valencia Summit, un congreso internacional sobre el impacto económico de los grandes acontecimientos deportivos en las ciudades que los acogen, celebrado en Valencia en 2004 y 2005. Animados por el dinero fácil conseguido en Valencia, Urdangarín y Torres contactaron en 2005 con José Luis Ballester, en aquel momento director general de Deportes del Gobierno balear, y le propusieron organizar en Palma "una réplica casi exacta" del Valencia Summit, según sostiene el juez Castro. Jaume Matas, entonces presidente autonómico de Baleares, dio el visto bueno, y en julio de ese año el Ejecutivo regional firmó un convenio con el Instituto Nóos, por importe de 1,2 millones de euros, para montar un congreso internacional de dos días y medio de duración sobre turismo y deporte. La operación se repitió al año siguiente. En septiembre de 2006 Nóos y el Gobierno de Matas firmaron otro convenio, cuyo coste ascendió a 1,1 millones de euros, para organizar en Palma un segundo foro sobre el impacto del deporte en el turismo. Al igual que en el primero, ambas partes "se concertaron para eludir de forma dolosa la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública y beneficiar de forma fraudulenta al Instituto Nóos, conculcando los principios básicos que deben regir la contratación pública: concurrencia, publicidad e igualdad de trato", afirma el juez Castro en su resolución del pasado lunes. También en 2005, Camps, entonces presidente valenciano, autorizó la firma de un convenio entre la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias S. A. (CACSA) y el Instituto Nóos para la "preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos". Camps y el propio Urdangarín presentaron públicamente la candidatura durante un acto oficial celebrado en el Palau de la Generalitat el 21 de octubre de ese año. "La celebración de estos Juegos", dijo en aquella ocasión el Duque de Palma, "es para mí un reto personal que me voy a tomar con el máximo interés". El yerno del Rey y su socio cobraron supuestamente más de tres millones de euros al Ejecutivo autonómico a cambio de su mediación, pero al año siguiente Urdangarín abandonó la presidencia de Nóos, fue fichado por César Alierta para Telefónica y se desentendió del proyecto, que cayó en el olvido. Los I Juegos Europeos jamás llegaron a celebrarse, ya que su puesta en marcha fue desestimada en la 37ª Asamblea General de los comités olímpicos europeos, celebrada en noviembre de 2007. El PSOE valenciano exigió entonces a Camps que le entregase una copia del convenio suscrito con Urdangarín para conocer todos los detalles del mismo, pero el presidente valenciano se negó a ello, argumentando que se trataba de un "contrato confidencial". El actual jefe del Ejecutivo valenciano, Alberto Fabra, del PP, también se ha negado a hacer público el convenio entre la Generalitat y Nóos, según denunció Esquerra Unida, la marca de IU en la Comunidad Valenciana. Su portavoz adjunto, Ignacio Blanco, aseguró que el Gobierno autonómico se niega a entregar una copia "íntegra y literal" del contrato, a pesar de que Fabra "ha intentado presumir de un cierto estilo de transparencia" desde que relevó a Camps. Fuentes cercanas a la investigación que dirige el juez Castro y el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dan por segura la imputación de Urdangarín por los delitos de malversación, falsedad documental, fraude a la Administración y tráfico de influencias. Su socio, Torres, ya fue imputado el pasado mes de junio. Esta semana volvió a ser interrogado por la policía y el fiscal.



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