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Criminalización de la protesta: el Gobierno español estudia que sea delito manifestarse con el rostro cubierto



ONG, colectivos y sociedad civil  |  Estado Español

10 de octubre de 2012

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha asegurado que el Gobierno está estudiando que el Código Penal contemple como delito manifestarse con el rostro cubierto.

En una entrevista en ABC Punto Radio, Cosidó ha asegurado que "cualquier reforma" del Código Penal que persiga la violencia en las manifestaciones "será más que bienvenida". "Lo que está estudiando el Gobierno en estos momentos", ha explicado, es actuar contra "aquellas personas que se manifiestan con el rostro absolutamente cubierto o con materiales absolutamente inapropiados, causando decenas y decenas de policías heridos por el ejercicio de esa violencia".

Cosidó olvida las centenares de grabaciones que demuestran que las manifestaciones han sido absolutamente pacíficas. Y que el mundo ha visto como en todas las imágenes se ven a los mismos pegando, a la policía, y a veces de forma absolutamente desmesurada, y a los mismos recibiendo los golpes, la ciudadanía.

También olvida la demostrada presencia de policías infiltrados y encapuchados, como se puede apreciar en los vídeos en los que policías encapuchados tras participar en altercados son detenidos por otros policías encapuchados. En esos vídeos se llega a escuchar a uno de ellos gritar “que soy compañero” para evitar los golpes de otros policías.

Y también olvida el director general de la Policía las actuaciones policiales de agentes antidisturbios ocultos por los cascos y sin la placa identificativa lo cuál hace imposible que su reconocimiento. También hay vídeos en los que se ven cómo policías sin identificar golpean a personas que simplemente les solicitaban el número de placa policial.

Hay que recordar que el Gobierno plantea una reforma del código penal en la que sería delito incluso la resistencia pacífica frente a la policía. Es decir, sentarse de forma pacífica delante de policías podía ser considerado un delito con pena de cárcel. En el plano teórico se podría decir que el Gobierno derechista de Mariano Rajoy, hoy querría encarcelar a defensores de los Derechos Humanos que practicaron la resistencia pacífica no violenta, como Gandhi o Luther King.



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