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Críticas a la Asociación Nacional de Informadores Gráficos por acordar con policía un registro de periodistas que no serían agredidos ni sancionados



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1ro de abril de 2014

En el Estado español estamos comprobando cómo el Gobierno de Mariano Rajoy está inmerso en la tarea de criminalizar la protesta ciudadana y también está intentando poner las trabas necesarias para que ninguna persona pueda ejercer el libre derecho al periodismo, con el fin de evitar que queden registrados esos abusos policiales, que están siendo criticados en muchos otros países.

Este martes, Gabriel Pecot, Juan Ramón Robles, Mario Munera y Rodrigo García, cuatro de los periodistas agredidos por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) el pasado 29 de marzo en la manifestación ’Jaque al Rey’, convocada por la Coordinadora 25S, han presentado una denuncia en los juzgados de plaza de Castilla con el fin de poner en conocimiento de las autoridades los hechos acaecidos esa noche y que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Además de los cuatro escritos, adjuntados a la vez para que sean gestionados en un mismo juzgado, los reporteros gráficos han presentado un DVD con todas las imágenes y pruebas gráficas que obtuvieron y que acreditan dichas agresiones, junto a los partes de lesiones expedidos por el Samur y los diferentes hospitales en los que fueron atendidos.

La rueda de prensa se ha realizado en la sede de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), asociación que condena y rechaza las agresiones policiales a varios fotoperiodistas, dos de ellos miembros de esa organización, que trataban de informar de una detención al final de una manifestación.

Pero, periodistas y comunicadores sociales han llamado la atención y muestran su preocupación por una noticia que aparece en la web de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión. Esta asociación informa a sus asociados, de que a partir de este 1 de abril tendrán que llevar en las manifestaciones actualizados sus chalecos identificativos de prensa que deberán llevar a la vista un código de registro, y dice textualmente: “entrará en vigor el nuevo distintivo que hemos acordado con los cuerpos policiales. Importante es que actualices tu chaleco antes de esa fecha, puesto que a partir de entonces, la policía sólo tendrá en consideración estos nuevos chalecos. El resto de distintivos estarán sujetos a posibles sanciones.”

Pero la policía no tiene la capacidad legal de negociar un listado de periodistas, ni tampoco la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión. Y mucho menos que los que no lleven el código de ese registro sean los que estén expuestos a agresiones y sanciones.

La instauración de un registro de periodistas no existe en el Estado español desde que en el año 1982 se canceló aquel que había sido creado en 1939 (del cual el dictador Francisco Franco poseía el carné número uno) y ratificado en la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. Dicho registro de la Dictadura franquista estaba integrado en el Servicio Nacional de Prensa y para formar parte de él los periodistas eran investigados previamente en sus antecedentes, así como en sus situaciones profesionales y personales. La inscripción en aquel registro era imprescindible para poder ejercer la profesión en aquellos años.

Pues bien, eso es lo que ahora pretende rescatar el Gobierno del Partido Popular y que según analistas consultados por Más Voces entraría en conflicto con la democracia y con el Artículo 20 de la Constitución donde se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Además, el Artículo 20 señala que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y el hecho de señalar quién puede y quién no informar por ejemplo en una manifestación o protesta ciudadana es, precisamente, un ejercicio de censura previa por parte del Gobierno.

Para hablar de este asunto entrevistamos a Dardo Gómez, Secretario de Organización de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas.



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