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Egipto: muchos matices que llevan a desbaratar la democracia. Reflexión del escritor Esam Al-Amin



Guerras y conflictosPensamiento político y social  |  ÁfricaOriente Medio

10 de julio de 2013

Muchos son los hechos y cambios que se están produciendo en Egipto en las últimas fechas. Las versiones son distintas, hay quien habla de golpe de Estado y quien evita calificarlo así, hay quien se postula abiertamente con el Ejército, y quien defiende la legitimidad democrática del presidente derrocado Mohamed Mursi. En medio de todo, las manifestaciones, los asesinatos y las violaciones de Derechos Humanos. En un intento de profundizar sobre lo que está ocurriendo hemos decidido adaptar radiofónicamente el artículo publicado por Esam Al-Amin, escritor y periodista independiente experto en temas de Oriente Medio y de política internacional, que nos puede servir para tener más elementos de reflexión.

El presidente de Egipto, Mohamed Mursi, ha sido destituido un año después de que el pueblo egipcio le eligiera de forma democrática. Quienes se oponen a Mursi y a los Hermanos Musulmanes (HM) consideran que el paso dado por el ejército es un apoyo al movimiento popular y un esfuerzo tardío por revivir o restaurar la revolución egipcia que derrocó a Hosni Mubarak hace más de dos años. Sin embargo, para los seguidores de Mursi o para quienes sencillamente sentían algún respeto hacia un gobierno democrático y el imperio de la ley, la acción del ejército no es sino un descarado, si bien blando, golpe de estado militar.

¿Qué es en realidad lo que está pasando? Aquí van los hechos:

El ejército ha disfrutado siempre en Egipto de un estatus privilegiado y autónomo y está tácitamente considerado como el poder en la sombra. Sin embargo, durante décadas, el poder político se fue concentrando en manos de una elite política y empresarial básicamente corrupta que monopolizó el poder y saqueó los recursos del país. Pero la revolución que derrocó a Mubarak representaba en esencia el rechazo no sólo del dictador sino también de todo su régimen corrupto. Una de las principales demandas de la revolución era poner fin a la dictadura y la represión y defender los principios de la democracia y el estado de derecho.

En los dos años siguientes, el proceso político que siguió al derrocamiento de Mubarak permitió que el pueblo egipcio manifestara su voluntad en numerosas ocasiones a través de elecciones libres y justas y en varios referéndums. El pueblo egipcio acudió a las urnas al menos en seis ocasiones: para votar un referéndum que trazara el camino político a seguir (marzo 2011), para votar por las cámaras altas y baja del parlamento (noviembre 2011-enero 2012), para elegir un presidente civil en dos vueltas (mayo-junio 2012) y para ratificar la nueva constitución (diciembre 2012). En cada una de las ocasiones, el electorado votó por la opción de los partidos islamistas ante la frustración de la oposición liberal y laica.

Para descontento de los islamistas, todos sus triunfos en las urnas fueron invalidados bien por el Tribunal Constitucional Supremo (TCS), nombrado por Mubarak o por el ejército. La cámara baja del parlamento, en la que los islamistas consiguieron el 73% de los escaños, fue disuelta por el TCS hace un año; ahora, el ejército acaba de suspender la nueva constitución a la vez que derrocaba al presidente democráticamente elegido.

Y por la otra parte, no cabe duda de que los Hermanos Musulmanes han cometido errores garrafales. Por ejemplo, incumplieron varias de las promesas hechas a sus socios de la coalición laica y liberal, incluyendo la de no disputar la mayoría de los escaños parlamentarios, no presentar un candidato presidencial o excluir a otros en la composición de la Asamblea Constituyente Constitucional. Quizá el error más grave fue aliarse estrechamente con los grupos salafíes durante el proceso de redacción de la constitución, enajenándose así de muchos laicos, liberales, así como cristianos, aunque los Hermanos Musulmanes no se preocupaban mucho de la batalla ideológica constitucional. Lo que buscaban era aparecer flanqueados por los salafíes respecto a la identidad islámica del Estado. Con tal de conseguir este objetivo, perdieron en el camino a la mayoría del resto de grupos.

Además, Mursi y los Hermanos Musulmanes tampoco cumplieron su promesa de integrar a los demás en el gobierno. Muchos de los grupos de jóvenes y de la oposición sintieron que el presidente y el liderazgo de los HM no eran sinceros en su compromiso y sólo buscaban su participación por razones estéticas. Incluso sus socios islamistas, como el Partido salafí Al-Nur, se quejaron de que los HM querían monopolizar los principales centros de poder en el Estado. No importó que los HM no controlaran el ejército, la inteligencia, los aparatos de seguridad, la policía, el cuerpo diplomático, el sistema bancario o incluso la burocracia. Pero debido a la falta de transparencia y apertura de los HM, la percepción que había era que estaban intentando controlar esos principales centros de poder del Estado y excluir a otros partidos basándose en la ideología, aunque la realidad era que tal control era inexistente o superficial.

Debido en parte a que los socios revolucionarios de 2011 estaban muy divididos por motivos ideológicos, los antiguos leales al régimen, políticos y empresarios corruptos, pudieron reagruparse y jugar un papel cada vez mayor en las batallas políticas que envolvieron el país. El Partido Democrático Nacional (PDN) de Mubarak, que dominó la vida política durante décadas, fue el único partido en el país capaz de organizarse a nivel nacional y competir con los HM. Pero como el pueblo rechazaba el PDN (y fue prohibido poco después de la destitución de Mubarak), no pudo participar en las elecciones parlamentarias del otoño de 2011. Sin embargo, en junio de 2012, Ahmad Shafiq, el último Primer Ministro de Mubarak, representó los intereses del PDN. Fue uno de los dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que perdió finalmente por menos de un 2%.

Mursi se hizo cargo del poder el 30 de junio de 2012. Como no fue tan inclusivo como había prometido en los nombramientos que hizo de altos cargos, la oposición se volvió inmediatamente en su contra. Dos meses después de su toma de posesión, convocaron el 24 de agosto una protesta masiva que denominaron “Protesta para derrocar al gobierno de los HM”. Su hostilidad y animosidad aumentó cuando finalizó la redacción de la nueva constitución. Mientras tanto, la nueva apertura y libertad política en el país permitió que los medios privados, propiedad y bajo control de muchos de los antiguos leales y seguidores del régimen de Mubarak, atacaran a Mursi y a los HM en una campaña orquestada para alienar e inflamar a la opinión pública.

En la época en que el presidente emitió su desacertado y desafortunado decreto constitucional, la oposición no sólo se había unido contra Mursi y los HM, sino que también estaba determinada a desalojarles del poder. Mursi postuló que su medida era necesaria para proteger las estructuras políticas de la naciente democracia que los tribunales estaban disolviendo una a una. Finalmente, dio marcha atrás y anuló su decreto, aunque la oposición rechazó todos los llamamientos al diálogo político. Sin embargo, su objetivo de tener una nueva constitución, que la oposición rechazó con vehemencia, y sustituir al fiscal público designado por Mubarak, una demanda que los jóvenes y grupos revolucionarios habían exigido, ya se habían cumplido. Ese único acto [el decreto emitido] demostró ser un punto clave para toda la oposición y los residuos del antiguo régimen, que se unieron bajo el Frente de Salvación Nacional (FSN) para derrotar a Mursi y a los HM. Hicieron campaña enérgicamente contra la constitución, que, para su pesar, fue aprobada con el 64% de los votos.

Mientras tanto, los HM y sus aliados islamistas se dedicaban a atacar a los elementos corruptos en el poder judicial, que representaban no sólo un obstáculo importante en el retraso o disolución de los nuevos componentes democráticos del Estado, sino que también se dedicaban a invalidar las condenas y a liberar a todos los elementos corruptos del régimen de Mubarak. Aunque esta era también una exigencia revolucionaria, la oposición, que hasta ahora no había salido bien parada en las urnas, se alineó con el poder judicial y acusó a los islamistas de atacar una rama independiente del gobierno que mostraba reservas, cuando no un descontento absoluto, respecto a la revolución.

En la primavera de 2013, los HM y sus seguidores estaban preparando unas nuevas elecciones parlamentarias que confiaban ganar. Su estrategia consistía en que si ellos ganaban las elecciones parlamentarias y forzaban la reforma del poder judicial, podrían controlar o influir en todas las ramas del gobierno para poder enfrentar más fácilmente el Estado profundo e instituir su programa. Dándose cuenta del peligro de tal escenario, el coordinador del Frente de Salvación Nacional, Mohammad ElBaradei, se reunió el pasado mes de marzo con el ex primer ministro de Mubarak, Ahmad Shafiq, en los Emiratos Árabes Unidos. En una entrevista, Shafiq reveló que él y ElBaradei habían acordado un plan para destituir a Mursi y los HM. También predijo que Mursi y los altos cargos en los HM serían arrestados y juzgados. Además, Shafiq se quejó de que ElBaradei y la oposición no cumplieron su parte del trato, que era promover y apoyar a Shafiq para que se convirtiera en el nuevo presidente, y que eso hizo que empezaran a distanciarse de él.

A través de toda la lucha por el poder político, los movimientos de jóvenes, que encabezaron la revolución de 2011 contra el régimen de Mubarak, quedaron marginados y sus quejas desatendidas. Mursi y los HM sólo apoyaron de boquilla sus demandas y necesidades. Pero durante su discurso a la nación, Mursi reconoció tardíamente este descuido mientras prometía enmendarlo. A finales de abril, los grupos de jóvenes habían conseguido formar un nuevo movimiento llamado Tamarrud o Rebelión. El tema central de su programa era pedir elecciones presidenciales anticipadas mediante la recogida de al menos quince millones de firmas, un millón más de las que Mursi había recibido en su campaña presidencial.

Durante el proceso, la oposición laica y los simpatizantes de Mubarak apoyaron el mensaje de Tamarrud y celebraban varias conferencias de prensa en la sede de medios de comunicación bien conocidos por pertenecer a los leales de Mubarak. Hay también pruebas anecdóticas de que el grupo recibió apoyo financiero de los grupos de los fulul (los remanentes del régimen de Mubarak). Mientras tanto, los medios de propiedad privada empezaron una bien orquestada campaña y continuos ataques contra los HM en particular y los islamistas en general. El nivel de hostilidad y odio lanzados contra ellos recordaba la propaganda nazi de la década de 1930 contra los judíos. En los pasados dos meses, se ha venido informando de docenas de incidentes durante los cuales los seguidores de los HM fueron atacados verbal y físicamente por desconocidos debido a supuestas asociaciones.

Los fulul y sus aliados se aprovecharon del descontento popular. Se pudo ver a muchos ex funcionarios de la seguridad y enriquecidos empresarios vinculados con el antiguo régimen organizando y movilizando la protesta del 30 de junio, el día designado por Tamarrud para forzar el derrocamiento de Mursi. El 2 de julio, el Tribunal de Apelación invalidó el nombramiento del Fiscal General nombrado por Mursi y volvieron a colocar en el puesto al fiscal corrupto nombrado por Mubarak, despedido en noviembre pasado. Además, para acabar de enturbiar la escena política, los tribunales ordenaron también que el Primer Ministro de Mursi, Hisham Qandil, fuera arrestado y sentenciado a un año de prisión por no cumplir una anterior orden judicial dictada contra un primer ministro de la era Mubarak.

Sin embargo, el 30 de junio, cifras impresionantes de egipcios protestaban contra los HM y el presidente en la Plaza Tahrir y por todo Egipto. Todo parecía recordar los primeros días de la protesta de 2011 contra Mubarak. Aunque los manifestantes no incluían grupos islamistas, presentaban bastante variedad. Allí estaban representados muchos grupos de jóvenes que manifestaban su frustración por haberse visto marginados y sus demandas olvidadas. Muchos eran ciudadanos de a pie alienados a causa de la dureza de la situación económica y la carencia de servicios básicos. Muchos eran laicos que odian a los islamistas y querían derrocarles por medios revolucionarios ya que no pudieron derrotarles en las urnas. Muchos eran cristianos que temían a los islamistas e iban animados por la Iglesia Copta. Pero estaba claro también que muchos eran fulul y leales al régimen de Mubarak que alzaban y aclamaban la foto del ex dictador en la Plaza Tahrir en medio de gritos de apoyo. Muchos eran también antiguos y actuales oficiales de la seguridad que exhibían sus uniformes. Incluso estaban allí dos ex ministros del interior que sirvieron durante el gobierno militar de transición y el antiguo régimen dirigiendo las protestas como revolucionarios, aunque los grupos de jóvenes les acusaban de haber asesinado a sus amigos y camaradas revolucionarios. Muchos de los manifestantes eran también matones alquilados por los políticos del PDN y empresarios corruptos. De hecho, durante los tres días de protestas, esos matones violaron a cien mujeres en la Plaza Tahrir, entre ellas algunas periodistas, según las autoridades públicas.

Mientras tanto, de forma orquestada, docenas de edificios que pertenecían a los HM, incluidas sus sedes, fueron arrasadas, quemadas o saqueadas. Murieron más de una docena de sus miembros y hubo cientos de heridos. En cuestión de horas, cinco ministros del gabinete dimitieron y docenas de altos cargos, incluidos los portavoces presidenciales y docenas de diplomáticos presentaron sus dimisiones en un intento de colapsar el Estado.

Mientras tanto, los partidarios de Mursi se estaban también reuniendo en una plaza diferente en El Cairo en grandes afluencias. Una vez que los HM y sus aliados vieron las manifestaciones masivas de sus opositores el 30 de junio, convocaron movilizaciones masivas para el día siguiente, celebrando más de veinte inmensas protestas por todo el país que también reunieron a millones de personas. Con pocas excepciones, los medios liberales y laicos ignoraron esas protestas.

En la tarde del 30 de junio, el ministro de defensa y comandante en jefe, el general Abdel Fattah El-Sisi, designado por Mursi el pasado agosto, emitió un ultimátum al presidente y a la oposición para que llegaran a un compromiso en un plazo de 48 horas o el ejército intervendría. En realidad, era un ultimátum al presidente para que dimitiera, ya que la oposición había rechazado en el pasado todos los intentos de diálogo o compromiso. El 1 de julio, el frustrado presidente se dirigió a la nación y rechazó categóricamente ese ultimátum de los militares, mientras llamaba a su pueblo a apoyar su legitimidad como presidente democráticamente elegido. Inmediatamente después del discurso, los seguidores del presidente, que estaban celebrando un inmenso mitin en Giza, fueron atacados por matones y francotiradores. Murieron dieciséis personas y cientos más resultaron heridas.

El 2 de julio, resultaba evidente que el ejército había decidido derrocar a Mursi y alinearse con la oposición. Mientras el ejército contactaba con gobiernos extranjeros, estaba claro que muchos gobiernos occidentales, especialmente EEUU, tenían dificultades para aceptar el derrocamiento militar de un presidente electo. El secretario de defensa Chuck Hagel y el jefe del alto estado mayor, el general Martin Dempsey, llamaban a sus homólogos egipcios, advirtiéndoles que debían animar a Mursi a dimitir o mantenerle como hombre de paja. Sin embargo, mientras anunciaban oficialmente que Mursi había sido apartado del poder, los generales se rodeaban de diversos dirigentes religiosos y civiles, incluyendo el director de Al-Azhar, el Papa copto, ElBaradei, como portavoz del Frente de Salvación Nacional, y representantes de Tamarrud y del Partido salafí Al-Nur. Fue un intento descarado de aparentar que el derrocamiento de Mursi contaba con un amplio consenso de dirigentes civiles y religiosos.

En esencia, Sisi aceptó todas las exigencias de la oposición y los fulul. No sólo destituyó a Mursi y le sustituyó con el jefe del Tribunal Constitucional Supremo, sino que también suspendió la constitución y despidió al gobierno. De forma unilateral, concedió también poderes al recién instalado presidente para que estuviera dotado de capacidad legislativa y emitiera decretos constitucionales. En cuestión de minutos, la Plaza Tahrir y muchas ciudades por todo Egipto acogían enormes celebraciones con todo tipo de exhibición de manifestaciones festivas y fuegos artificiales. Mientras tanto, los partidarios de Mursi, también por todo Egipto, contemplaban sorprendidos y enojados el giro de los acontecimientos. Habían mantenido equivocadamente la esperanza en que el ejército forzaría algún tipo de compromiso sin eludir la voluntad del pueblo egipcio, que eligió un presidente y aprobó una nueva constitución con gran margen sólo unos meses antes.

Inmediatamente después del anuncio de Sisi, el nuevo régimen empezó su ofensiva contra los medios de comunicación que habían apoyado al depuesto presidente. Cuatro canales de televisión por satélite que pertenecían a los HM o a los islamistas, así como dos canales de Al-Jazeera, fueron suspendidos y dejaron de emitir. Las protestas a favor de Mursi en Egipto fueron también rodeadas por el ejército. Se retiraron las cámaras de televisión y se cortó la electricidad, anticipando la evacuación forzosa de los manifestantes, a los que se negaba agua y alimento.

A las dos horas del anuncio de Sisi, Mursi y algunos de sus colaboradores más importantes fueron detenidos y trasladados al ministerio de defensa. El ex portavoz y presidente del partido de los Hermanos Musulmanes, Saad Katatni, el dirigente de los HM y guía general, Muhammad Badie, así como sus adjuntos Jayrat El-Shater y Rashad Bayumi fueron también arrestados. El ex candidato presidencial islamista Hazim Salah Abu Ismail y el predicador Safwat Hegazi fueron arrestados y acusados de “insultar al ejército”. El periódico Al-Ahram informaba asimismo de que se habían emitido unas 300 órdenes de búsqueda y captura contra los HM y sus seguidores, se acorralaba a decenas de ellos y se confiscaban todas las propiedades, activos y edificios de los HM y se congelaban sus cuentas bancarias. Además, a los pocos minutos del anuncio, el rey Abdullah de Arabia Saudí y Muhammad Bin Zayid de los Emiratos Árabes Unidos, los dos países más abiertamente hostiles al gobierno de los HM, emitían comunicados alabando y felicitando al ejército. En el colmo de las ironías, Bashar al-Asad, de Siria, expresaba su alivio y alegría por el derrocamiento del “régimen islamista” que estaba amenazando a su país.

Mientras tanto, la oposición laica y liberal y muchos grupos de jóvenes y sus seguidores sostenían que sus protestas, seguidas por el derrocamiento del ejército de Mursi, eran similares al derrocamiento de Mubarak. Pero este argumento ignora convenientemente el hecho de que Mubarak no era un presidente legítimo elegido por la voluntad del pueblo egipcio, mientras que Mursi, te guste o no, le ames o le odies, fue debidamente elegido en unas elecciones libres, justas y controvertidas que el mundo entero observó y aceptó. Además, Mubarak asesinó a cientos de jóvenes con tal de mantenerse en el poder, mientras que, en defensa de la legitimidad de Mursi, docenas de jóvenes fueron asesinados en las calles. Por otra parte, la mayor parte de la gente y grupos que se oponen hoy a Mursi tras un año en el poder, nunca levantaron un dedo durante los treinta años de reinado de Mubarak. Los aparatos de la seguridad de Mubarak utilizaron a matones para aterrorizar a sus oponentes y supervisar elecciones fraudulentas, mientras que esos mismos matones atacan y aterrorizan a los seguidores desarmados de Mursi. Mientras que los medios oficiales del gobierno y los jueces y empresarios corruptos apoyaron a Mubarak durante décadas, esos mismos medios, los empresarios y los jueces atacaron a Mursi desde el primer día que ocupó su cargo.

Liberales, demócratas y activistas por los derechos humanos han estado sermoneando durante décadas a los islamistas que la democracia es el único sistema legítimo para la participación política pacífica y la transición del poder. En 1992, cuando el ejército argelino intervino y canceló las elecciones después de que las ganara el Frente de Salvación Islámica (FSI), Occidente, con Francia y EEUU a la cabeza, miraron en otra dirección. Mientras tanto, Argelia se precipitaba en una guerra civil que duró más de una década, un conflicto que causó más de doscientos mil muertos. Dos décadas después, esté uno de acuerdo o no con su programa político, admire o desprecie a los HM, no hay duda de que el grupo actuó siguiendo las normas de la democracia y aceptando el imperio de la ley. No empleó ni defendió el uso de la violencia. Sin embargo, en el colmo de la ironía, quienes pedían, animaban y festejaban la intervención del ejército para derrocar a un presidente democráticamente elegido son los partidos y personas laicos, liberales e izquierdistas, tales como ElBaradei, Amr Musa, Naguib Saguiris, Ayman Nur y Hamdein Sabahi, así como activistas por los derechos civiles y humanos, que defienden frecuentemente la libertad de expresión y la libertad de asociación política.

La comunidad internacional miró a otro lado cuando la voluntad del pueblo argelino y del pueblo palestino se desbarató por haber elegido a islamistas en 1992 y 2001. Esta es la tercera vez en dos décadas que los islamistas son desalojados del poder. Está por ver si Occidente adoptará una posición firme contra el último intento del ejército de impedir que los islamistas ostenten ese poder. Puede definir, en efecto, la relación entre los grupos islamistas y los gobiernos occidentales en un futuro inmediato. El mensaje que tal posición enviaría a los pueblos de todo el mundo sería profundo. Si Occidente respeta o no los principios democráticos. Cuando el presidente Obama llamó a Mursi el 30 de junio, le advirtió que la “democracia es algo más que unas elecciones”. Pero es igualmente esencial reconocer que no hay democracia si no se respeta y protege la legitimidad de sus resultados, con independencia de sus consecuencias.



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