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Ejército de Colombia: liberación de Ingrid por un lado, por otro violaciones sistemáticas de Derechos Humanos



Guerras y conflictos  |  América Latina y el Caribe

3 de julio de 2008

La colombiana Ingrid Betancourt, y otros 14 rehenes que se encontraban secuestrados por las FARC, llegaron a Bogotá tras haber sido puestos en libertad por los militares del Ejército de Colombia. En sus primeras declaraciones, Ingrid Betancourt confirmó que el operativo de rescate se llevó a cabo sin necesidad de disparar ni un solo tiro.

Según las noticias, el Ejército de Colombia infiltró a varios militares en la cúpula de las FARC con el objetivo de lograr la liberación de quince rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt. Los infiltrados convencieron a dos rebeldes encargados de cuidar a los secuestrados de que iban a mantener una cita con el máximo jefe rebelde, alias "Alfonso Cano".
Seguidamente, según las declaraciones del ministro colombiano de Defensa, los militares infiltrados habían acordado con el "Comandante César" de las FARC llevar a los cautivos en helicóptero hasta donde se encontraba "Alfonso Cano", máximo jefe de las FARC desde mayo pasado, tras la muerte del fundador de esa guerrilla, Pedro Antonio
Marín, alias "Manuel Marulanda" o "Tirofijo".

Pero la noticia coincide con otras que parece que la comunidad internacional y los medios de comunicación no quieren oir. Y es que el mismo ejército al cual ahora casi todo el mundo alaba está cometiendo violaciones sistemáticas de Derechos Humanos. En este sentido, nos llega una denuncia desde la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes". Según esta denuncia, en el Departamento colombiano del Valle del Cauca y en el desarrollo de la autodenominada "Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social" y los componentes de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, el Ejército colombiano, continúa desplegando una guerra de terror militar en contra de humildes ciudadanos campesinos, sus líderes naturales y sus organizaciones.

Denuncian que el Ejército continúa aterrorizando mediante señalamientos, agresiones físicas y psicológicas, la realización de amenazas y retenciones arbitrarias.

La Red de Derechos Humanos estima que la política de Estado, en el Valle del Cauca, agudiza a diario la etapa militar en donde a través de la intimidación y aniquilación de campesinos y sus organizaciones, el estado busca expropiar a campesinos de sus medios de producción comunitarios, desarraigarlos de sus territorios ancestrales y su cultura, atacando sistemáticamente a organizaciones, para posteriormente insertar a los lugareños en el modo de producción capitalista a través de planes y proyectos denominados de desarrollo sostenible.

Esta clase de acciones que en la cordillera central, tienen amedrentada a las comunidades campesinas, son ejecutadas como política de Estado y a diario se desarrollan en Colombia, por lo tanto, la red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano responsabiliza al estado colombiano en cabeza del presidente Álvaro Uribe, al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía y a las fuerzas militares y de policía por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en contra de los ciudadanos asentados en las zonas de operaciones del ejército de Colombia en el municipio de Tulúa.

Escucha el informe especial.



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