Granada se ha convertido en la primera ciudad andaluza que pone en marcha una denominada ordenanza de la convivencia en la que se regula el uso y disfrute de espacios públicos y mediante la cual podrá poner multas de hasta 3.000 euros a quienes ejerzan la prostitución callejera y a sus clientes.

La ordenanza del Ayuntamiento, gobernado por el conservador Partido Popular, se lleva por delante, por ejemplo, a los artistas callejeros, la venta ambulante, la mendicidad y grafiteros.

Colectivos sociales de Granada advirtieron de que la ordenanza "fomentará la intolerancia" de los ciudadanos al perseguir a las personas con más riesgo de exclusión social, como los mendigos y las prostitutas. Esta situación la pusieron de manifiesto las entidades Granada Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el colectivo gitano Anaquerando y Recursos de Educación y Comunicación.

Antonio Luis García, entrevista en Granada, a José María Martín, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.