ONG, colectivos y sociedad civil,
Pensamiento político y social
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Estado Español
12 de noviembre de 2009
Granada se ha convertido en la primera ciudad andaluza que pone en marcha una denominada ordenanza de la convivencia en la que se regula el uso y disfrute de espacios públicos y mediante la cual podrá poner multas de hasta 3.000 euros a quienes ejerzan la prostitución callejera y a sus clientes.
La ordenanza del Ayuntamiento, gobernado por el conservador Partido Popular, se lleva por delante, por ejemplo, a los artistas callejeros, la venta ambulante, la mendicidad y grafiteros.
Colectivos sociales de Granada advirtieron de que la ordenanza "fomentará la intolerancia" de los ciudadanos al perseguir a las personas con más riesgo de exclusión social, como los mendigos y las prostitutas. Esta situación la pusieron de manifiesto las entidades Granada Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el colectivo gitano Anaquerando y Recursos de Educación y Comunicación.
Antonio Luis García, entrevista en Granada, a José María Martín, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
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