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El Ayuntamiento de Madrid exige abolir los Centros de Internamiento de Extranjeros



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11 de julio de 2017

Hace un año, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid, decidió formar un grupo de trabajo sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Este lunes se ha dado a conocer el resultado del estudio cuya principal conclusión es que “encerrar a personas que no han cometido delito alguno para asegurar que no rehuyan su orden de expulsión de España (dictada por vía administrativa en base a la Ley de Extranjería) es desproporcionada y discriminatoria y por tanto los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) deberían ser abolidos".

El Ayuntamiento madrileño agradece y reconoce la colaboración imprescindible de las organizaciones sociales y ONGs que llevan años trabajando por los derechos humanos en el ámbito del CIE de la capital. La alcaldesa Manuela Carmena recoge así las denuncias de estas organizaciones de la sociedad civil y las fundamenta sobre las recomendaciones de numerosas instituciones internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Defensor del Pueblo. Ambos han constatado que en los CIE se producen violaciones de los derechos básicos de los internos y que hay indicios de que sufren torturas.

Al Ayuntamiento declara que pese al derecho del Estado a controlar las migraciones, "la relación entre el medio empleado (privación de libertad por un hecho ilícito administrativo) y el objetivo perseguido (regulación de las migraciones y control de fronteras), es claramente desproporcionada, pues existen medidas alternativas menos coercitivas" para lograr tal fin, por lo que el consistorio eleva la pregunta de "cuál es el verdadero objetivo de estos centros": "En la práctica, se revela como un mecanismo meramente retributivo".

El Ayuntamiento, además propone una serie de medidas para conseguir el cierre del CIE. EN primer lugar, el Consistorio busca disminuir el número de personas extranjeras internadas con el objetivo de que la privación de libertad solo se utilice como "medida excepcional". Para alcanzarlo, el equipo de Manuela Carmena propone asignar al Servicio de Asesoramiento a Jueces e Información al detenido y su Familia (SAJIAD) la función de "realizar informes sociales y de arraigo de todas las personas extranjeras en situación irregular" que pasen a disposición judicial. Para poder garantizar esta labor, el Ayuntamiento asegura que dotará de "un número de trabajadores sociales suficiente" al SAJIAD.

Además, el Ayuntamiento ofrece viviendas municipales o recursos habitacionales acordados con determinadas asociaciones, con el objetivo de que los jueces y juezas de instrucción "puedan evitar el internamiento del ciudadano". En este sentido, proponen que los magistrados dispongan de "los recursos necesarios" para que puedan concluir que quienes no tengan el arraigo suficiente "pasen a residir" en una vivienda hasta la resolución de su expediente de expulsión.

El Ayuntamiento de Madrid se suma a los conocidos como “ayuntamientos del cambio” que declararon la guerra a los CIE hace más de un año. La primera en mover ficha fue la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que exigió al Gobierno central el blindaje del CIE de Zona Franca, de Barcelona, alegando que está construido sobre un terreno municipal que requiere de licencia de actividades. El Consistorio barcelonés está desde entonces en un litigio judicial con el Gobierno.

En contraste, hay que recordar que el Gobierno de Mariano Rajoy anunció el pasado mes de mayo su intención de abrir tres Centros de Internamiento más en Madrid, Málaga y Algeciras. Pero no concretó nada más, ni cuando ni de qué forma.

En respuesta, los colectivos sociales y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, consideran incomprensible esa intención del Gobierno, que contrasta con la postura de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona.



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Centros de Internamiento para Extranjeros
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