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El “Caso Malaya” demuestra que ser corrupto en el Estado español sale muy barato



DelincuenciaCorrupción  |  Estado Español

4 de octubre de 2013

Nos contaron que el llamado “caso Malaya” era el mayor caso de corrupción del Estado español. Durante una década, las autoridades del Ayuntamiento de Marbella junto a empresarios corruptos estafaron más de 2400 millones de euros. Tras 8 años de investigación y 95 acusados, en los que la trama giró en torno al considerado cabecilla de la trama, Juan Antonio Roca, que fuera el asesor de urbanismo de Marbella, las penas no satisfacen a nadie, siendo mucho menores que lo que pedía la Fiscalía. La sentencia ha generado la impresión generalizada de que ser corrupto en el Estado español sale muy barato.

El cabecilla Roca ha sido condenado a 11 años de cárcel, cuando la fiscalía reclamaba 30, y una multa de 240 millones de euros, cuando se estima que estafó miles de millones.

La ex alcaldesa Marisol Yagüe ha sido condenada a seis años de cárcel por cohecho pasivo, delito que comparte con la que fue concejala socialista del Ayuntamiento de Marbella, condenada a cuatro años de prisión, Isabel García Marcos.

El también ex alcalde, Julián Muñoz, suma dos años de prisión a su condena previa. Y más de un tercio de las personas imputadas han sido absueltas.

El 29 de marzo de 2006 explotó la operación policial con registros en el ayuntamiento y otras dependencias municipales, sobre todo relacionadas con el urbanismo, y con la detención de una veintena de personas, entre ellas, la entonces alcaldesa Marisol Yagüe, Roca, que era su asesor urbanístico; y la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos. A partir de entonces el número de detenidos e imputados se multiplicó.

Corrupción política y urbanística, licencias y sobornos. Un cocktail que mezcló políticos municipales con empresarios y constructores. Como José Ávila Rojas o Rafael Gómez Sánchez, apodado Sandokán. Un engranaje bien urdido. Empresario sobornaba, Roca repartía. Así de simple era la trama que este viernes ha echado el telón sin contentar a casi nadie. Eso sí, los condenados contentos, en unos pocos años estarán en la calle, y el mayor caso de corrupción del Estado español habrá salido muy caro a la ciudadanía de Marbella y muy barato a los delincuentes.

Muchos se preguntan por qué cuando son políticos los que son procesados por corrupción la justicia funciona mal y tarde, y las condenas no son lo que la ciudadanía esperaba. Pero, como dice el catedrático de derecho penal, Joan Queralt, si resulta que el 20% de los políticos de un Parlamento como el de Valencia, están procesados judicialmente, entenderemos por qué la clase política no hace muchos esfuerzos en que la Justicia funcione bien y con independencia.



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