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El Gobierno español confirma su postura de sancionar a manifestantes pacíficos contra desahucios



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12 de abril de 2013

La Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, del Partido Popular, no deja de hacer declaraciones y tomar decisiones que día sí día también la ponen en los titulares de los medios de comunicación. El problema es que tanto sus palabras como sus medidas recuerdan para muchos colectivos y organizaciones de la sociedad civil a lo más rancio de la derecha española.

Lo último es sancionar a las personas que participan en los escraches o manifestaciones que se hacen a políticas y políticos para denunciar el fraude de los desahucios de miles de familias. La carrera represora de Cifuentes contra la ciudadanía crítica al Gobierno es un “suma y sigue”. Siendo la jefa de la policía en Madrid, Cifuentes fue la responsable de las detenciones de activistas pacíficos que participaron en la manifestación del 25 de septiembre pasado en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Cifuentes dijo que lo que pretendían era dar un Golpe de Estado, sin embargo la Justicia dio un varapalo a la Delegada absolviendo a los detenidos.

Luego, la señora Cifuentes declaró que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, movimiento absolutamente pacífico, apoya a grupos proetarras. Pero si eso fuera cierto sería un delito. Y ella como responsable de la policía en Madrid debería actuar de inmediato ordenando detenciones y poniendo a los activistas a disposición judicial. Pero Cristina Cifuentes no ha hecho eso ni lo hará, porque la mentira de su acusación la volvería a dejar en ridículo ante la Justicia. Ahora es la persecución contra las personas que participan en los escraches, manifestaciones que se realizan a políticos determinados en cualquier lugar, incluida la puerta de su casa. Muchas de esas manifestaciones han conseguido que algunos políticos intermediaran en casos de desahucios consiguiendo detener algunas expulsiones de familias de sus hogares. Ese fue el caso del barrio madrileño de Vallecas donde tras un escrache a la concejala del distrito ésta intercedió ante la alcaldesa y se consiguieron paralizar dos desahucios. Hechos como ese demuestran lo que dicen desde la Plataforma Antidesahucios, que “sí se puede”, lo que pasa es que “no quieren”. Sobre la campaña de escraches a políticos se pronuncia Arcadi Oliveres, economista y presidente de la Asociació Justicia i Pau de Barcelona. [ESCUCHA EL AUDIO EN LA NOTICIA]

De momento, el escrache más sonado ha sido el realizado ante la casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Tras esa protesta absolutamente pacífica, la policía identificó por orden política a algunos de los manifestantes y ahora procede a sancionarles. Entre ellos el profesor de ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Verstrynge, quien afirma que no va a pagar una multa indecente y que ataca a la delegada del Gobierno en Madrid, diciendo que a Cifuentes "le viene bien" la violencia "para justificar el sueldo y el cargo". 18 personas han sido sancionadas por participar en el escrache pacífico frente al domicilio familiar de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. [ESCUCHA A JORGE VERSTRYNGE EN LA NOTICIA]

El Gobierno está decidido a perseguir y multar, además de abandonar a su suerte, a las personas afectadas por los desahucios protagonizados por las entidades financieras. Y sin embargo, podría ponerse del lado de los más débiles ateniéndose a la ley, porque hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que la ley española que regula los procedimientos de desahucio es abusiva e ilegal, ya que vulnera la normativa europea. La normativa española que impide a un juez […] suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión", indicó en un comunicado la Corte con sede en Luxemburgo. Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, analiza la sentencia europea. [ECHUCHA EL AUDIO]

Para afectadas y afectados por los desahucios la solución a esta injusticia, que afecta a centenares de miles de personas, la tiene el Gobierno y el Partido Popular dentro del Congreso aprobando la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios. Pero todo apunta, que la Iniciativa Legislativa Popular va a ser absolutamente destrozada por el Partido Popular que se volverá a alinear con el poder financiero y dar la espalda a la ciudadanía que más está sufriendo la crisis.



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