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El Gobierno español decide vender permisos de residencia



Inmigración y refugiadosViviendaCrisis económica  |  Estado Español

19 de noviembre de 2012

El Gobierno español, en una medida inaudita, ha decidido poner a la venta los permisos de residencia y, además, a un precio concreto. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz anunció que el Ejecutivo concederá el permiso de residencia en España a extranjeros que adquieran una vivienda cuyo precio sea superior a 160.000 euros.

"En unas semanas se va a poner en marcha una reforma del Decreto de extranjería para conceder permisos de residencia en España a extranjeros que adquieran una vivienda a partir de un nivel de precio. El objetivo es reactivar la demanda exterior y contribuir a reducir el ’stock’ de oferta de viviendas", dijo García-Legaz.

El secretario de Estado apuntó a los 160.000 euros como el límite de precio de los pisos que se fijaría en esta medida, un importe que estima "equilibrado". "No se puede poner un límite de precio más bajo, porque generaría una demanda masiva de permisos de residencia. Un precio inferior podría servir de excusa para obtener la residencia", apuntó García-Legaz al respecto.

En los seis primeros meses del año 82.711 extranjeros obtuvieron su tarjeta de residencia. La cifra se amplía a 189.536 personas que obtuvieron su permiso entre el 30 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2012. Con esta nueva medida el número crecerá, aunque ni siquiera García-Legaz fue capaz de dar una cifra concreta.

En cuanto a los destinatarios, Gargía-Legaz considera que los mercados ruso o chino son en los que se detecta "una demanda importante de vivienda en España". Según indicó, se trata una iniciativa en la que trabajan desde la pasada primavera los ministerios de Empleo, Fomento, Interior y Asuntos Exteriores, y cuyo objetivo sería reducir el ’stock’ de pisos que existe en España, donde actualmente "no se ve mucha capacidad de compra por la falta de crédito". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó poco después que la decisión aún no está tomada, aunque dio a entender que sí, que finalmente se aprobará. Es decir, para el Gobierno español, la residencia en el país pasa a ser una cuestión de dinero y discriminatoria en función de la renta de los inmigrantes. Además, los movimientos sociales critican la medida en un contexto en el que centenares de miles de personas están siendo desahuciadas de sus viviendas, muchas de ellas son personas migrantes, por no poder hacer frente a las hipotecas con los bancos, que en cambio han sido rescatados con el dinero público.

Partidos políticos, sindicatos, asociaciones y colectivos de la sociedad civil critican duramente esta medida del Gobierno de derecha de Mariano Rajoy, mercantilizando los permisos de residencia, al dar la residencia a personas extranjeras, pero solo a las ricas. Se preguntan si también se plantearán vender pasaportes a cambio de una buena cantidad de dinero.



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