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El Gobierno español prepara una nueva Ley de represión ciudadana. Manifestarse ante el Congreso puede ser multado con 600 mil euros



ONG, colectivos y sociedad civil  |  Estado Español

19 de noviembre de 2013

El Partido Popular, que Gobierna en el Estado español, se está asentando cada día más en sus raíces franquistas y autoritarias de sus fundadores que formaron parte de la dictadura de Francisco Franco. Y es que el Gobierno español prepara un nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto verá previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes. Con la nueva ley, que ya muchos llaman de represión ciudadana, se castiga con penas de cárcel y cuantiosas multas las protestas de la sociedad civil y el periodismo ciudadano. Por ejemplo, la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad es considerada una falta muy grave con multas de entre 30 mil y 600 mil euros. Esta práctica, ejercida por el periodismo ciudadano ha servido para documentar los abusos policiales. Y las grabaciones han sido pieza clave para que los jueces absuelvan a la gran mayoría de detenidos en las manifestaciones. Con la nueva ley, los ciudadanos ya no podrán usar esa herramienta democrática y transparente para demostrar que las protestas son pacíficas y que los abusos policiales continuados.

Pero hay más, insultar a un policía, alterar el orden público encapuchado o los ’escraches’ se multarán por ley con hasta 600.000 euros. La oposición en bloque se opone a las nuevas medidas.

Veintiún años después de la llamada ’ley Corcuera’, aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González, conocida como la ley de la "patada en la puerta" que el Tribunal Constitucional tumbó, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara un nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto verá previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes.

El anteproyecto de Ley tipificará como infracciones administrativas leves, graves o muy graves, que serán sancionadas con multas desde los 100 euros hasta los 600.000, acciones como la quema de contenedores o los ’escraches’ que en los últimos meses han vivido algunos políticos.

También los organizadores que no comuniquen, tal y como recoge la ley del derecho de reunión y manifestación, las protestas ante instituciones del Estado, como las Cortes Generales y los altos tribunales, se enfrentarán a sanciones de hasta 600.000 euros por una infracción muy grave.

Conducir una "cunda", insultar a un policía, ejercer o demandar la prostitución en lugares donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial, alterar el orden público encapuchado o beber alcohol en las calles se multarán por ley con hasta 30.000 euros.

El texto que ha diseñado el departamento que dirige el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, tendrá que pasar el primer filtro de la comisión de subsecretarios, analizarse en el Consejo de Ministros, someterse al dictamen del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, volver a la mesa de Moncloa y debatirse, como ley orgánica, en las Cortes.



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