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El Gobierno español sigue con su política de ‘segregación sanitaria’



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25 de agosto de 2016

En septiembre de 2012 el Gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, también llamado por organizaciones sociales el Decreto de la Segregación porque tuvo como consecuencia inmediata que cerca de novecientas mil personas perdieran su tarjeta sanitaria, al tiempo que otras cuyo número no se ha estimado no pueden solicitarla desde entonces. La razón por la que las personas ya no pueden solicitar la tarjeta sanitaria es que en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se les deniega el “reconocimiento a la asistencia sanitaria”.

A las personas sin permiso de residencia no se les reconoce ese derecho justamente por no disponer de papeles. Pero hay más grupos de personas a los que se les niega la posibilidad de tener tarjeta sanitaria porque tienen unos ingresos determinados, o una situación laboral determinada, o porque su permiso de residencia o su Número de Identidad de Extranjero tienen una fecha determinada, o porque tienen una relación familiar determinada y no otra.

Esto está haciendo que personas que ya se encuentran en situaciones precarias y de pobreza sufran, además, la exclusión del sistema de salud.

Una de esas situaciones las están padeciendo miles de personas en su mayoría ancianas, que fueron reagrupadas por sus familiares, normalmente sus hijos, con residencia legal en España. Al llegar al país, solicitaron la tarjeta sanitaria. Pero la Seguridad Social se las deniega porque considera que deberían haberles exigido un seguro médico para obtener los papeles. Aunque la justicia (ya en numerosas sentencias) ha fallado a favor de las familias en estos casos, reconociendo el derecho de los afectados a la sanidad pública, la Seguridad Social no ha cambiado de criterio. Para colmo de males, avisa de manera automática a Extranjería para que revise sus permisos tras denegarles el acceso a la sanidad pública con el objetivo de que se rompan las familias rompiendo el reagrupamiento legal y expulsando a las personas mayores.

Sobre este asunto hemos pedido valoración a Francisco Aperador, del Equipo de Migraciones de Cáritas Española.



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