La Guardia Civil lleva a cabo en el País Vasco una operación contra abogados e interlocutores del Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos en la que ha detenido al menos a siete personas en un despacho de abogados de Bilbao. Los arrestados serían Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Aitziber Sagarminaga, José Campo, Egoitz López de Lacalle, Aintzane Orkolaga y Mikel Almandoz. Asier Aranguren ha sido arrestado en Pamplona.

El Ministerio español de Interior dio cuenta en su web –aunque posteriormente anuló la información– de la detención de varias personas, a las que ha vinculado con ETA. También está llevando a cabo registros de varios inmuebles. Precisa que los arrestos «se han realizado mientras se celebraba una reunión orgánica en el interior de una de las sedes de los abogados defensores de los presos de ETA».

Las personas detenidas forman parte del grupo formado en julio de 2012 por una veintena de personas y cuyo objetivo era facilitar la interlocución del Colectivo de Presas y Presos en el exterior.

La orden ha partido de Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional española. Esta medida es vista en el País Vasco como una forma de torpedear los pasos que ha dado la sociedad vasca, la izquierda abertzale, las asociaciones y sindicatos, y por último, los presos de ETA que por primera vez reconocieron los daños causados y admiten las vías legales para solucionar el conflicto y avanzar en una proceso de paz para Euskal Herria.

En el Estado español los presos de ETA están en cárceles lejanas al País Vasco. Sin embargo desde hace décadas la sociedad vasca apuesta mayoritariamente por el acercamiento de los presos, ya que la medida lo que hace es castigar a las familias. El 28 de diciembre de 1995, el Parlamento vasco instó al Gobierno español el reagrupamiento de presas y presos. Pero no se atendió la llamada. Desde entonces han sido innumerables los pronunciamientos desde el Parlamento, diputaciones y ayuntamientos vascos por el fin de la dispersión. Pero el Estado español nunca atendió a las instituciones vascas. Según el Euskobarómetro de Mayo de 2012, el 75% de la población vasca, es decir, casi 8 de cada 10 vascos, desea el acercamiento de presas y presos. Pero los sucesivos Gobiernos españoles nunca han atendido la voluntad de la ciudadanía vasca. En una manifestación histórica, el 7 de enero de 2012, 110 mil personas pidieron en Bilbao el final de la dispersión. Ante el silencio del Gobierno español, un año más tarde, el 12 de enero de 2013, 115 mil personas volvieron a colapsar Bilbao por el reagrupamiento de presas y presos. Pero la consecuencia fue un endurecimiento de la política penitenciaria. Las reformas legales han hecho que el Estado español sea condenado en varias ocasiones por instituciones internacionales, entre ellas el Consejo de la Unión Europea, por violar los Derechos Humanos.

Ahora, el próximo sábado, 11 de enero de 2014, se va a producir la que se espera sea la mayor movilización ciudadana de la historia reciente de Euskal Herria. Y el Gobierno español, del Partido Popular, lanza a pocos días, la operación de detención de abogados e interlocutores de los presos y estudia la forma de prohibir la manifestación. La marcha está convocada por Tantaz Tanta, una iniciativa social, compuesta por personas de distintos sectores de Euskal Herria, cuyo quehacer único es promocionar y organizar un gran mar por los derechos humanos, la resolución y la paz, el próximo 11 de enero en Bilbao.

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