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El Gobierno quita la asistencia sanitaria a desempleados que se vayan más de 90 días fuera de España



SaludTrabajo y sindicalismo  |  Estado Español

17 de enero de 2014

El Gobierno español sigue con sus políticas en contra de la población más pobre. Si bien el Gobierno vio como una solución para rebajar las cifras del desempleo el hecho de que miles de españoles emigraran al extranjero a buscarse la vida, ahora penaliza a los que se van en una situación más desesperada.

Y es que, según está denunciando la oposición, la persona parada de larga duración que se marche del Estado español un mínimo de 90 días, es decir, tres meses, perderá su asistencia sanitaria con cargo a España mientras permanezca en el extranjero. Pero lo que muchos sindicatos y movimientos sociales califican como el colmo de la crueldad, el Gobierno ultraderechista del Partido Popular, pretende penalizar también a los familiares dependientes de la persona que salga a buscar trabajo al extranjero que también perderán la cobertura sanitaria.

Gobiernos autonómicos donde no gobierna el Partido Popular, como Euskadi, Asturias o Andalucía, anuncian que intentarán por todos los medios ser desobedientes a la norma, al estar la sanidad transferida a las comunidades autónomas.

Los partidos de oposición mantienen la duda de si la medida se mantendría también cuando la persona emigrada regresara a España. Ha habido muchas dudas al respecto. Quizás el Gobierno no explicó bien la normativa, o quizás manejara esa posibilidad y al comprobar el escándalo social y la violación de la Constitución que supone el hecho de negar a una persona con nacionalidad española la asistencia sanitaria en suelo español finalmente ha dado marcha atrás. Ya son varios cargos del ministerio los que han señalado que la medida sólo se aplicará a las personas que se mantengan más de 3 meses en el extranjero. A las cuáles se les quitará la asistencia sanitaria con cargo a España. Es decir, da al migrante español únicamente 3 meses para poder encontrar un empleo en otro país y fijar su residencia fuera, porque a partir de ese plazo el Gobierno les deja sin asistencia sanitaria.

El anuncio de la medida llega justo en el momento en el que el Defensor del Paciente denuncia 800 muertes por los recortes sanitarios del Gobierno de Mariano Rajoy. Casi 800 personas han muerto en España por no haber recibido la atención médica necesaria, tras los recortes en Sanidad. Así lo asegura la Oficina de Defensor del Paciente. También denuncian que, en 2013, hubo 624.000 enfermos esperando una media de 100 días para operarse y que Castilla-La Mancha, gobernada por María Dolores de Cospedal, la número 2 del Partido Popular, ha sido la comunidad donde más se retrasan las operaciones.



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