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El Gobierno reprime las manifestaciones que reclaman la dimisión de Rajoy a la vez que cada día se conoce un nuevo escándalo en el PP



ONG, colectivos y sociedad civilPensamiento político y socialCrisis económica  |  Estado Español

19 de julio de 2013

Miles de personas se manifestaron el jueves en todo el Estado español ante las sedes del Partido Popular para reclamar la dimisión del presidente, Mariano Rajoy.

El Gobierno acorralado por los millones de euros de su extesorero en paraísos fiscales, por las acusaciones de financiación ilegal del partido durante 20 años, el Gobierno afectado por la corrupción del caso Gürtel, el Gobierno que pide austeridad a la vez que se va conociendo cómo la cúpula del Partido Popular se ha ido enriqueciendo con el ejercicio de la política, no encuentra más razón que intentar silenciar a la ciudadanía que intentar gritar ¡Basta ya!.

En las manifestaciones del jueves se volvió a repetir el mismo guion de siempre: comenzaron de forma pacífica, pero acabaron con la policía cargando y deteniendo a personas. Hubo heridos tanto en Madrid como en Valencia. En Madrid al menos una persona fue detenida y en Valencia, cuatro. A los detenidos se les acusa de los delitos de atentado y desórdenes públicos.

En Madrid, las protestas, que se iniciaron en las cercanías de la sede del PP en la calle Génova para pedir la dimisión del Gobierno y de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a raíz de las últimas revelaciones sobre el caso Bárcenas, se prolongaron durante la noche. Mientras el Gobierno sigue reprimiendo las protestas ciudadanas, los escándalos políticos que le afectan se multiplican, prácticamente cada día. El último ha sido el conocerse que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha sido militante del Partido Popular al menos entre los años 2008 y 2011. La ley prohíbe a cualquier magistrado del Estado español pertenecer a cualquier partido político, pero para el presidente del Constitucional solo se prohíbe tener cargos directivos en cualquier partido. Pero más allá de la legalidad, no parece muy moral el ser el máximo responsable del organismo que debe decidir sobre cuestiones tan fundamentales como el referéndum de autodeterminación de Catalunya, o el juzgar si determinadas leyes promulgadas por el Gobierno de su partido, violan la Constitución. Y más teniendo en cuenta que el presidente del Constitucional mintió al no contar cuando era magistrado que militaba en el Partido Popular.



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