El informativo de las radios libres y comunitarias
El Gobierno valenciano del PP cierra la radiotelevisión pública tras fallo judicial anulando despidos irregulares



Medios de comunicación  |  Estado Español

6 de noviembre de 2013

Lo que ocurre en la comunidad valenciana es el claro ejemplo de cómo entiende el poder político los servicios públicos, y en este caso la radio televisión pública. Durante años, el Gobierno del Partido Popular en Valencia usó lo que debía ser la radio y televisión de toda la ciudadanía como herramienta de propaganda partidista. Durante años se sirvieron del control del medio de comunicación público para alabar al Gobierno y fustigar a los rivales políticos. Ahora ya no le sirve el medio público porque su Gobierno ya concedió las licencias de radios y televisiones a los grupos mediáticos privados afines, que ya hacen el trabajo que antes hacía la radiotelevisión pública. Y por tanto, ésta le sobra.

El Gobierno valenciano entonces aprovechó la crisis para llevar a cabo un ERE, un Expediente de Regulación de Empleo, por el que despedía a mil empleados públicos. Pero ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo el ERE que fue aprobado en agosto del 2012. Con esta decisión, la justicia valenciana reconoce el derecho de los más de mil trabajadores despedidos a ser readmitidos. La sentencia confirma que la empresa pública "vulneró derechos fundamentales" de los trabajadores, que hubo "irregularidades" en el proceso donde se actuó con "criterios subjetivos" y que de todo ello generó "trato discriminatorio" hacia los trabajadores.

Sin duda, la sentencia suponía una victoria para los empleados de la radiotelevisión autonómica, pero la alegría duró muy poco. El presidente regional, Alberto Fabra, anunciaba tras la sentencia que como el Gobierno regional no está dispuesto a dedicar 40 millones de euros para la readmisión de trabajadores había tomado la decisión de cerrar el canal autonómico. Con lo cual, todos los empleados van a ser despedidos en breve y la radiotelevisión pública desmantelada.
Si bien el canal público viene recibiendo críticas desde hace años, lo cierto es que esas críticas vienen marcadas por unos contenidos filtrados por el poder político que manejó a su antojo el canal. Las trabajadoras y trabajadores de Canal Nou llevan años luchando contra la censura y el uso indebido de la radio y televisión pública.

Con el cierre se esfuman los anhelos futuros de construir un proyecto de auténtico servicio público, plural e incluyente. Una televisión pública que no fuera manejada por el poder político de turno.

De lo que no habla el presidente regional es de la pésima gestión política del canal público. Cuando el PP llegó al poder en 1995, la deuda en Canal Nou era de 22 millones de euros, el año pasado antes del ERE, la deuda superaba los 1.000 millones. Un ejemplo del despilfarro es lo que ha pagado Canal Nou por los derechos del fútbol los últimos diez años. 460 millones de euros de los que ha recuperado menos de la mitad. Además, el canal público ha estado patrocinando a los equipos de fútbol mientras decía que no había dinero para pagar a los trabajadores.

En 2006, durante la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, a pesar de tener los medios necesarios para no tener que pagar a nadie, se adjudicó la cobertura por casi 8 millones de euros a una productora privada relacionada con la ‘trama corrupta Gürtel’.

A pesar de todo, Salut Alcover, presidenta del comité de empresa de la radiotelevisión pública valenciana asegura que los trabajadores siguen dispuestos a negociar y rediseñar un nuevo modelo de radio y televisión pública.

Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, estima que el cierre de Canal Nou, el Ente Público valenciano, puede ser un precedente de lo que los políticos pueden hacer en otros medios públicos regionales. Y no le falta razón a Elsa González, ya que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado que el Gobierno regional "no tendrá otra alternativa" que cerrar Telemadrid si los sindicatos "lo hacen inviable", en referencia a que no acepten los despidos, y el canal público madrileño "sigue siendo deficitario".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ordenó mediante una sentencia en el mes de abril elevar las indemnizaciones a los trabajadores afectados por el ERE a 861 empleados que presentó el canal madrileño en enero, pero no anuló los despidos. Por este motivo, los sindicatos con representación en Telemadrid recurrieron este fallo ante el Tribunal Supremo. Si se diera otra sentencia a favor de los trabajadores el Gobierno regional madrileño parece que tomará la misma decisión que ha tomado el valenciano, los dos en manos del derechista Partido Popular, y cerrará el Ente Público de Madrid.



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