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El Tribunal Constitucional anula la amnistía fiscal de Montoro de 2012 porque legitima el fraude



EconomíaCorrupciónJusticia e In-Justicia  |  Estado Español

8 de junio de 2017

El Tribunal Constitucional español ha anulado la amnistía fiscal que promulgó el Gobierno de Rajoy y del ministro Cristóbal Montoro en el año 2012. Mediante aquella amnistía muchas personas regularizaron el dinero que tenían en el extranjero y en paraísos fiscales.

El Constitucional estima el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. La anulación no afectará a las regularizaciones tributarias firmes, en aplicación del principio de seguridad jurídica que protege la Constitución, indica el alto tribunal.

El Tribunal critica duramente al Gobierno de Mariano Rajoy, por aprobar una norma que “supone la abdicación del Estado” en su deber de requerir que todos los ciudadanos sostengan los gastos públicos.

El Constitucional considera que la amnistía fiscal vulneró la Constitución. En concreto, el artículo 86.1 que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.

El Real Decreto-ley anulado permitió que los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades que no declararon todas sus rentas, y que habían sacado dinero a países extranjeros, presentaran una declaración para regularizar su situación tributaria. Además, el tributo era muy ventajoso para los evasores fiscales, porque sólo se aplicaba un 10% del dinero que regularizaban, sin recargos ni sanciones.

Entre los ilustres evasores fiscales que regularizaron su situación estaban miembros de la familia Botín; el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el extesorero del PP Luis Bárcenas; Oleguer y Josep Pujol; Diego Torres, exsocio de Urdangarin; Micaela Domecq, mujer del comisario europeo Miguel Arias Cañete; Fernando Martín, expresidente de la fallida constructora Martinsa-Fadesa; el ex líder del sindicato de mineros de UGT, José Ángel Fernández Villa… Y Edmundo Rodríguez Sobrino, ex consejero del periódico La Razón encarcelado por el caso Lezo.

La sentencia del Tribunal Constitucional supone un nuevo varapalo al Gobierno de Mariano Rajoy, que desde hace cinco años recurre con frecuencia al uso del decreto-ley para aprobar normas. Además, afecta al partido de Gobierno, el Partido Popular, que es la agrupación política europea más corrupta, con más de 900 cargos políticos imputados por casos de corrupción. La sentencia añade más leña al fuego de la actualidad política porque llega a pocos días de la moción de censura contra Rajoy que Unidos Podemos va a defender el próximo martes, 13 de junio. De momento, todo apunta a que la moción no prosperará por la decisión del PSOE de abstenerse en la votación.



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