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El Tribunal de Justicia de la UE declara ilegal el ’céntimo sanitario’ recaudado en el Estado español



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28 de febrero de 2014

Durante 10 años las autoridades españolas han cobrado un impuesto ilegal cada vez que cada persona repostaba carburante en su vehículo. Y es que al Gobierno se le ocurrió que se podría financiar parte del presupuesto sanitario poniendo un impuesto de un céntimo de euro por cada litro de carburante. Ahora, el Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado que el céntimo sanitario no es legal. Es más, según el Tribunal, el Estado ha obrado de mala fe, así que obligaría a España a devolver los 13.000 millones de euros que se habrían recaudado. Los transportistas creen que podrán conseguir la devolución de 2.300 millones.

La Comunidad Autónoma de Madrid fue la primera en aplicar el céntimo sanitario. Luego se unieron todas, excepto Aragón, Canarias, La Rioja, y País Vasco. El céntimo inicial aumentó hasta 4,8 céntimos por litro, permitiendo recaudar 13.000 millones de euros. Un dinero que la Justicia Europea obliga a devolver.

Se trata de una resolución a la que se ha llegado gracias a la acción de la abogada Irene Mallol, que defiende los intereses de varias empresas de transporte, que al tener la obligación de guardar las facturas, serán las que tendrán más fácil la devolución del dinero.

Pero más allá de la legislación nacional la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es muy clara al señalar: "No puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español hayan actuado de buena fe (...) no procede limitar en el tiempo los efectos de la presente sentencia". Es decir, tiene carácter retroactivo. Y denuncian que el impuesto sobre el carburante para financiar la sanidad pública se mantuvo diez años, a pesar de las muchas advertencias de que era ilegal. Por tanto, posiblemente se pueda reclamar 10 años de pago de impuesto ilegal.

Sin duda los particulares lo tendrán peor, ya que quizás no guarden ni facturas ni tickets ni nada que justifique el combustible repostado en los últimos años, pero para Mario Arnaldo, de la asociación Automovilistas Europeos Asociados, muchos habrán pagado con tarjeta de crédito y eso debería bastar para justificar y poder reclamar la devolución.

La ilegalidad del céntimo sanitario es el último varapalo de la Unión Europea al Gobierno, pero en los últimos meses los tribunales han tumbado varias leyes de Rajoy.

Por ejemplo, la paralización de los desahucios por parte del Tribunal europeo, por considerar abusiva la ley española que deja indefenso al consumidor y permite el desalojo antes de que pueda ejercer sus derechos.

Otro caso fue la decisión del Gobierno de dejar sin asistencia sanitaria a las personas migrantes sin papeles. La Justicia europea concluyó que el derecho a la salud debe prevalecer sobre el beneficio económico que supone la negación de la asistencia a los inmigrantes indocumentados.

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial consideró la ley antiabortista del ministro Ruiz-Gallardón "anacrónica" y "criminalizadora". El borrador aconsejaba retirar el anteproyecto porque supone un retroceso en los derechos y la igualdad de la mujer, a pesar de que Gallardón afirmara que "no hay ningún informe de los jueces". Otro informe del Consejo General del Poder Judicial cuestiona la constitucionalidad de los artículos más polémicos del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es llamada por los movimientos sociales como “Ley Mordaza”, por criminalizar la protesta ciudadana.

También los gobiernos autonómicos de Partido Popular han sufrido sentencias demoledoras. Uno de los proyectos que más oposición social ha suscitado ha sido la privatización de la sanidad madrileña, que fue paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El presidente Ignacio González se limitó a lamentar la decisión.



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