El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, se ha inhibido de la causa para investigar los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. Con su decisión deja ahora el caso en mano de los juzgados locales en los que se encuentran las fosas y en la Ley de Memoria Histórica.

Con esta decisión, el caso deja de estar centralizado en la Audiencia Nacional. El juez archiva el caso al no existir con vida ninguno de los supuestos responsables.

Las Asociaciones civiles han mostrado su enorme decepción por la retirada del juez Garzón. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, se ha considerado "decepcionante" la decisión del juez, que representa la incapacidad de la democracia española para hacer justicia. Su presidente, Emilio Silva, ha afirmado que "la pelota ahora está en el tejado del Gobierno, que no puede consentir que haya familias caminando por las cunetas y los montes buscando a sus seres queridos sin ayuda del Estado". Las Asociaciones se plantean la necesidad de ir a instancias judiciales europeas ante la pasividad de la Justicia española.

Sea como sea, la lucha por la dignidad, la memoria, la justicia y retribución, va a seguir, porque hay miles de personas afectadas que van a continuar en esa tarea y es un asunto que está muy vivo en la sociedad española.

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