El titular del juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, ha buscado resortes legales en los tratados internacionales firmados por España para sortear la reciente reforma aprobada por la mayoría absoluta del Partido Popular y que intenta poner fin al principio de jurisdicción universal en el Estado español.

El juez entiende que la reforma promovida por el PP contradice la IV Convención de Ginebra firmada por el Estado español que obliga a perseguir los delitos contra las personas en caso de conflicto armado.

El Gobierno de Mariano Rajoy tenía previsto que a lo largo de la semana la Audiencia Nacional empezara a archivar causas internacionales por no ajustarse a la nueva legislación. El caso Couso es uno de esas causas, que además ha puesto en varios compromisos a los Gobiernos de Zapatero y ahora Rajoy. Pero en este caso el magistrado afirma que el archivo supondría "admitir la posibilidad de que una norma interna derogue un convenio internacional, lo cual está proscrito".

El caso Couso hace referencia al asesinato del cámara de Telecinco José Couso por parte de militares estadounidenses durante la invasión de Bagdad en 2003. El juez Pedraz rechaza en su auto el archivo al entender que, al menos para este caso, la reforma legislativa de la justicia universal contradice la IV Convención de Ginebra que obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

Estados Unidos nunca ha colaborado en la investigación por la muerte del cámara. Pedraz llegó a enviar una carta al Ministerio de Justicia quejándose de la falta de colaboración del Gobierno norteamericano. Una falta de ayuda que ha sido tal que ni "siquiera ha notificado a los procesados [tres militares estadounidenses] el auto de procesamiento" y comunicó al Ministerio de Justicia "tal incumplimiento a fin de que el Gobierno de España" adoptase "las medidas oportunas".