El Partido Popular, que gobierna el Estado español, y que se atreve a dar lecciones de moralidad con reformas de leyes como la del aborto, luego es el partido político español con más casos de corrupción que afectan a sus dirigentes. Con su tesorero y ex gerente durante los últimos 20 años encarcelado y acusando al partido de financiarse de forma ilegal y de enriquecerse sus dirigentes con dinero no declarado, a través del Caso Bárcenas.

Pero luego está el caso Gürtel, la imputación de la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y decenas de cargos del Partido Popular investigados.

Uno de los últimos escándalos es el de la reforma de la sede central del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Existe una causa abierta que investiga si, como todos los datos apuntan, el Partido Popular hizo pagos en negro, es decir, no declarados, para pagar la reforma de la sede.

El juez Ruz que instruye el caso pidió al Partido Popular las facturas de la reforma en el mes de julio, y en diciembre el partido de Rajoy no había satisfecho la petición judicial. Por tanto, el juez Ruz ordenó este jueves en la noche a la policía judicial entrar en la sede del PP y buscar las facturas. Después de más de 14 horas de registro, en la mañana de este viernes el secretario judicial abandonaba la sede del PP en la calle Génova. Él y un grupo de policías judiciales pasaron allí toda la noche. Escaneando uno a uno los documentos requeridos por el juez Pablo Ruz.

No son solo documentos de la reforma de la sede, sino también otros relacionados con la presunta contabilidad B del PP, del caso Bárcenas. El PP sacó de quicio al juez Ruz al cual se le acabó la paciencia. Fue después de enterarse de que el fiscal (que depende del Estado y es puesto por el Gobierno del Partido Popular) tenía nuevas facturas sobre las obras, unas facturas que nunca habían llegado a sus manos. Harto de ocultaciones, el juez mandó a sus hombres a la planta sexta de la sede del PP, donde están gerencia y tesorería.

El auto del juez Ruz afirma que el PP dio "cobertura a una facturación oficial ficticia", es decir, el Partido Popular habría cometido el delito de pagar en B, en dinero sin declarar. Y todo esto, lo hace el Partido de Gobierno que controla Hacienda a través del ministro Cristóbal Montoro, que acusó, entre otros, a periodistas, actores y medios de comunicación de no pagar sus impuestos. Es el doble rasero de un partido que en sus políticas se revela como ultraderechista y en sus prácticas como un partido acosado por la corrupción y el delito.

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