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El juez imputa a los exconsejeros madrileños que iniciaron la privatización sanitaria



SaludServicios Sociales y Públicos  |  Estado Español

21 de junio de 2013

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación de facultativos especialistas de Madrid, AFEM, contra varios cargos y excargos de la Consejería de Sanidad, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones sanitarias.

La querella criminal de Afem, presentada el 29 de mayo, se refiere a la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 y la vinculación de excargos públicos como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes a empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias. En concreto, Afem denuncia los presuntos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

El juez cita para declarar los próximos meses de septiembre y octubre como imputados, entre otros, a la viceconsejera Patricia Flores y al director general de Hospitales, Juan Antonio Burgueño. También a los excargos y responsables de empresas como la unión temporal de empresas Fundación Jiménez Díaz, el grupo Ribera Salud, Capio Sanidad, Unilabs y Asisa, y reclama diferentes documentos a la administración y las compañías.

La decisión del juez no es firme y contra ella cabe un recurso de reforma en los tres días siguientes a su notificación. El juez determina que los hechos denunciados deben ser investigados para determinar si ha existido una actuación punible y deben "despejarse" los indicios sobre la actuación de las autoridades que han intervenido en la concesión de contratos o concesiones a empresas que contrataron a excargos políticos.

Además, remarca que la investigación se dirige a las actuaciones concretas denunciadas y "no es ni puede ser una investigación general" sobre el "denominado proceso de privatización de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid", pues esta "no compete" al ámbito penal el debate sobre la legalidad o legitimidad de este proceso. Por ello, el auto rechaza la petición de suspensión cautelar de las iniciativas del plan sanitario que la Comunidad de Madrid tiene previsto ejecutar este año, que incluye la privatización de la gestión de seis hospitales y veintisiete centros de salud.

El juez imputa a los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela -consejero de Assignia, empresa que participa en la Unión Temporal de Empresas que gestiona servicios del Hospital del Tajo- y Juan José Güemes, que renunció en enero a su cargo en Unilabs, firma que adquirió la empresa a la que la Comunidad de Madrid adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009. Es decir, los antiguos consejeros de sanidad del Gobierno madrileño comenzaron a privatizar la sanidad y luego ellos mismos han sido contratados por las empresas que se han llevado la gestión de esa sanidad pública. Un negocio redondo para las empresas, para los políticos y un desmantelamiento de la sanidad de calidad y universal que disfrutaba la población madrileña.



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