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El timo de Sacyr al pueblo panameño: pide 1200 millones extras para terminar las obras de ampliación del Canal de Panamá



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3 de enero de 2014

En el año 2009, el entonces presidente de la constructora española Sacyr, Luis del Rivero, no ocultaba su alegría ante propios y extraños por haber ganado a los estadounidenses el concurso para ampliar el Canal de Panamá. Tanta era la alegría que llegó a cantar al estilo futbolístico “Así, así, así gana Sacyr”.

La oferta de Sacyr fue la más barata con un coste total de 3.100 millones de dólares, cuando los demás competidores presupuestaban casi el doble. En aquel entonces, esos competidores manifestaron sus dudas de que el proyecto se pudiera llevar a cabo por ese presupuesto. Pero en la mente de los directivos de Sacyr estaba el hecho de que lo importante era hacerse con el contrato. Si una vez empezadas las obras se tenía que pedir más dinero al Gobierno panameño ya se haría, dudando de que este optara por paralizar unas obras a medio hacer. Ahora, Sacyr se permite el lujo de amenazar diciendo que si no se satisface su petición financiera dejará de operar en las obras del Canal. El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, viajará a España e Italia para exigir que se cumpla el contrato sobre la ampliación del Canal de Panamá. Para el analista internacional Fernando Casares López, esto que está pasando no es nuevo en el caso del Canal de Panamá, que tiene una historia de corrupción. [ESCUCHA EL AUDIO]

Hay que recordar, que en Panamá hubo desde hace años, una oposición social al proyecto de ampliación del canal por varios aspectos, entre ellos por el alto costo que va a suponer para el pueblo panameño y por otra porque se expropiaron tierras a comunidades campesinas que residían en los terrenos que ahora se usan para la ampliación.
Desde el punto de vista político, los sindicatos siempre han denunciado el secretismo de cómo se han llevado a cabo las negociaciones y la financiación del proyecto con el dinero del pueblo panameño. Por eso, en rueda de prensa, Saúl Méndez, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, de Panamá, FRENADESO, responsabilizó también de la situación al Gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Lo acusan de participar en una gran estafa que usó muchas mentiras para ganar el referéndum por el que se aprobó el proyecto de ampliación. [ESCUCHA EL AUDIO]

FRENADESO acusa a la autoridad del Canal de Panamá y al Gobierno de estar creando reservas económicas ilegales para financiar las obras. Unas reservas que no han podido ser usadas para las múltiples necesidades sociales que tiene el pueblo de Panamá. Señalan que también es mentira el argumento de que las grandes navieras financiarían la ampliación; no se terminaron los estudios de estimación de costos; no existe el estudio de impacto ambiental; no se han excluido los embalses del proyecto, lo que hará que se inunden más tierras de comunidades campesinas, sobre todo en el río Indio; existe un alto riesgo de salinización de las aguas que consume el pueblo panameño; y ahora, por si fuera poco la empresa Sacyr reclama 1.200 millones de euros más de los que presupuestó para concluir unas obras que está al 60%.

En el Estado español, de entrada las acciones de Sacyr bajaron. En los años de burbuja inmobiliaria el precio de cada acción en bolsa de la empresa estaba a 40 euros, ahora ha descendido hasta poco más de 3 euros por acción.

Los partidos de oposición como Partido Socialista e Izquierda Unida no fueron nada contundentes en sus análisis y tampoco hablaron de lo que el proyecto que lidera la empresa de capital español está suponiendo para el pueblo panameño.

Pero, ¿qué es Sacyr? ¿Cuál es la historia de esta empresa?
En los años en que las empresas como Sacyr se enriquecían gracias a la burbuja inmobiliaria –hay que recordar que en el Estado español se construían al año más viviendas que en Alemania y Francia juntas-, la constructora entonces dirigida por Luis del Rivero, intentó controlar el sector inmobiliario y también el bancario. Del Rivero intentó controlar entre 2004 y 2005 al menos un 5% del banco BBVA para tener consejero y, con el apoyo de otros empresarios, relevar a su presidente, Francisco González, y aspirar a ser el accionista de referencia.

La frustrada operación fue polémica porque la oposición acusó al Gobierno de interferir en asuntos de empresas privadas mientras que el vicepresidente del entonces Gobierno socialista, Pedro Solbes, defendió la operación con el argumento de garantizar "la estabilidad y españolidad" del banco.

Dos años después, en 2006, Sacyr comenzó la compra de pequeños paquetes de acciones de la constructora francesa Eiffage, hasta controlar el 33%, en lo que fue el primer paso antes de lanzar una OPA sobre la totalidad de sus títulos un año después.

No obstante, el desembarco de la empresa española no fue pacífico: Eiffage y Sacyr se enzarzaron en una batalla legal en la que la directiva francesa tachó de empresa rival a Sacyr. Así, la tensión estalló en la junta directiva en la que Sacyr proponía el nombramiento de cinco consejeros: los directivos de la compañía gala quitaron el derecho de voto de 89 accionistas españoles, poseedores de otro 18% de la firma, por actuar de forma conjunta con Sacyr. La constructora española abandonó la junta de accionistas y se rechazó el nombramiento de sus consejeros.

El supervisor francés desautorizó la OPA que formuló Sacyr por Eiffage por considerar que actuó de forma concertada, aunque la batalla legal llegó más lejos: un tribunal francés imputó al presidente de Sacyr por difundir "informaciones falsas" y por no haber declarado "la superación del umbral" de participación en el capital de Eiffage a partir del cual, según la normativa francesa, se tiene que lanzar una opa sobre la totalidad de la compañía.

Todos estos litigios llevaron a Sacyr a deshacerse de Eiffage en 2008. La constructora vendió su participación a inversores franceses por 1.920 millones de euros. Aunque no ganó ninguna plusvalía, el acuerdo incluyó el fin de todas las acciones judiciales contra Sacyr y Del Rivero.

Con la explosión de la burbuja inmobiliaria y el fracaso de sus megaoperaciones internacionales, Sacyr afrontó el inicio de la crisis con casi 20 mil millones de euros de deuda, una pesada carga que le obligó a deshacerse de sus grandes participaciones de los años del ’boom’ del ’ladrillo’.

A finales de 2008 vendió Itínere, su filial de autopistas, a Citigroup por 7.887 millones de euros. El banco estadounidense, a su vez, colocó participaciones de esta compañía a Abertis, controlada por La Caixa, y Atlantia.

El dinero conseguido por la venta dio el suficiente oxígeno a Sacyr para que no vendiese entonces el 20% que controlaba en la petrolera Repsol por unos 5.200 millones de euros. El comprador iba a ser la petrolera estatal rusa Lukoil, venta que chocó con la oposición del Gobierno socialista. Y es que Sacyr había comprado el 20% de Repsol a finales de 2006 por una cifra similar, operación que incluyó un préstamo de 350 millones del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sin embargo, la constructora se vio obligada a refinanciar el crédito en 2011 para sobrevivir a su endeudamiento.

Mientras, Luis Del Rivero y Antonio Brufau, presidente de Repsol, se enzarzaron en una batalla por el control de la petrolera que llevó al ministro de Industria del gobierno Zapatero, Miguel Sebastián, a pedir que dejasen al Gobierno "en paz". Del Rivero pactó con la petrolera estatal mexicana Pemex una alianza para 10 años por la que controlarían un 29,9% de Repsol, el tope antes de estar obligados a lanzar una OPA por el 100%. Sin embargo, el acuerdo duró apenas medio año porque Sacyr, acuciada por las deudas, vendió la mitad de sus acciones a la propia Repsol, que pedía el fin de la alianza.

El giro de Sacyr fue posible gracias a la destitución de Del Rivero en octubre de 2011. El consejo de la constructora estaba dividido en tres partes: en un bando Del Rivero (con un 12,5% de Sacyr), José Manuel Loureda (con un 12,61%) y Francisco Javier Gayo Pozo (con un 1,71%). En total un 27% de su capital social. En el otro, Demetrio Carceller y el grupo Satocán, que controlaban un 16%. En medio, cuatro cajas de ahorros accionistas que pedían paz a la cúpula: La Caixa (ahora CaixaBank), Caja Madrid (ahora Bankia), Novacaixagalicia y Banco Mare Nostrum.

El consejo de Sacyr decidió la destitución de Del Rivero en octubre de 2011. En su contra votó su amigo Manuel Manrique, que a la postre sería nombrado presidente de Sacyr.

Por otra parte, Del Rivero también ha sido imputado por presunto delito de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, le imputó por el supuesto pago de una comisión ilegal de 200.000 euros por la adjudicación de los servicios de limpieza de la ciudad de Toledo a una filial de Sacyr.

Después de todos los avatares de ambición de poder y oscurantismo en las operaciones financieras, la constructora española, Sacyr, cerró el tercer trimestre de 2013 con casi 7 mil millones de deuda, aproximadamente un tercio del pasivo que acumulaba justo tras el pinchazo de la ’burbuja inmobiliaria’. No obstante, afronta aún la refinanciación de la mitad de su participación en Repsol, que vence en 2015, y el lío del Canal de Panamá, una obra cuyo éxito es clave para proyectarse internacionalmente en un momento en el que el Estado español con su enorme crisis no es mercado para un grupo que nació siendo una inmobiliaria.



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