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Encierro de la Dignidad: #AcampadaMérida por los derechos sociales, el empleo y la renta básica



ONG, colectivos y sociedad civilPobreza y desigualdadCrisis económica  |  Estado Español

27 de diciembre de 2013

Un grupo de 40 personas de Extremadura llevan a cabo un encierro desde el 23 de diciembre en la parroquia de la Concatedral Santa María de Mérida, la capital extremeña. El encierro es una protesta pacífica por los derechos sociales, el empleo y la renta básica.

La protesta es la continuidad de los campamentos de la dignidad extremeños que durante meses lucharon por la aprobación de la ley de renta básica y en favor de los sectores más desprotegidos y vulnerables de Extremadura.

Pretenden que no se haga olvidar la gravísima situación por la que atraviesan miles de personas en Extremadura y el resto del Estado español. Afirman que las políticas de los Gobiernos del Partido Popular están conduciendo a la miseria a una porción creciente de la clase obrera, empujando a la emigración a la juventud precaria, arrastrando a la caridad a los barrios más humildes. Reclaman trabajo digno o renta básica, fin de los desahucios de vivienda y garantía a los suministros básicos como la luz, el agua o el gas.

Exigen al gobierno de Extremadura el pago de la Renta Básica. La ley se aprobó el día 9 de mayo, hace más de 7 meses, y a estas alturas no llega a 300 personas el número de beneficiarios. Acusan al presidente extremeño, José Antonio Monago, de estar atropellando a las gentes más necesitadas de Extremadura, a las personas pobres, paradas y precarias. La ley de Renta Básica Extremeña es una ayuda a unidades familiares que oscila entre los 372 euros de mínima y los 692 de máxima, e irá en función del número de miembros de la unidad familiar, si cuentan con alguna persona con discapacidad, o si tiene que pagar alquiler o hipoteca. Hay ya casi 18.000 solicitantes de la renta básica, el Gobierno de Extremadura reconoce que al menos deberá pagársela a 8.000. Tienen más de 13 millones de euros para renta básica correspondientes a los presupuestos de 2013 y, sin embargo, sólo van a gastarse 300.000 antes de terminar el año.

En Extremadura, según datos oficiales, 65.000 personas reciben comida de los bancos de alimentos; en toda España, la cifra asciende a un millón y medio. De los 6 millones de parados en España, casi la mitad no tiene cobertura al desempleo. Según Cáritas, 3 millones de personas se encuentran en pobreza severa (ingresos mensuales por persona inferiores a 307 euros) y 4 millones de personas sufren una nueva modalidad de penuria: la pobreza energética, a ello hay que sumar la desprotección sanitaria de centenares de miles de personas a las que se les obliga a pagar un porcentaje de los medicamentos o se les ha arrebatado la tarjeta de la Seguridad Social.

Otra de las reivindicaciones del encierro es que paren los desahucios a familias que están sufriendo más duramente la crisis y que se garantice a esas mismas familias los suministros de agua y gas. Afirman que no se puede consentir que las eléctricas y las empresas energéticas en general degraden las condiciones de vida de la población. En el Estado español han subido la luz en más de un 80% en los últimos 10 años. Y lo han hecho las mismas empresas que presumen de beneficios millonarios. Empresas protegidas por los políticos que, en muchas ocasiones, acaban encontrando allí sus lucrativos retiros dorados, como los casos de múltiples exministros y los expresidentes Felipe González y José María Aznar.



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