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Esquerra Republicana de Catalunya acuerda con la derecha condenada por corrupción un nuevo pacto de Gobierno con Puigdemont como president



Justicia e In-JusticiaPensamiento político y social  |  Estado Español

16 de enero de 2018

En Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y la derecha catalana de Junts per Catalunya, coalición liderada por el partido PdeCat, antes llamado Convergencia Democrática de Catalunya, han anunciado un acuerdo para apoyar al candidato de este último partido, Carles Puigdemont, como president catalán. Puigdemont sigue en Bélgica donde se autorefugió para no tener que responder a la justicia del Estado español por la declaración unilateral de independencia de Catalunya.

Además, las dos formaciones independentistas han dado a conocer también el acuerdo para apoyar la candidatura de Roger Torrent como president de la Mesa del Parlament.

Estos acuerdos llegan pocas horas después de que la Audiencia de Barcelona condenara a Convergència Democràtica de Catalunya por financiarse ilegalmente a través del caso de corrupción del Palau de la Música. La Audiencia ha condenado al extesorero de Convergència Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses de cárcel y al partido nacionalista conservador por haber cobrado comisiones de la constructora Ferrovial a cambio de obra pública. Los magistrados han ordenado el decomiso al partido de 6,6 millones de euros, la cantidad a la que ascienden las mordidas.

El exlíder convergente, Artur Mas, reconvirtió el partido en el PdeCat, pero conservando los mismos teléfonos de sus sedes y beneficiándose de las ayudas económicas concedidas al antiguo partido por sus resultados electorales. El exlíder Artur Mas reconvirtió el partido en el Pdecat, y dimitió de su cargo orgánico hace pocos días. La formación sigue siendo la de Puigdemont. Sergi Sabriá, portavoz de Esquerra Republicana aseguró que su partido no mira hacia otro lado cuando se habla de corrupción, pero la condena no ha impedido que su partido llegue a un acuerdo para apoyar a Puigdemont.

A pesar del revés judicial, las candidaturas independentistas continuarán negociando la investidura del presidente por vía telemática. Para garantizar su mayoría en la Cámara, han pedido el voto delegado de los diputados en Bélgica y los que siguen en prisión, después de que el Tribunal Supremo les haya impedido asistir al pleno.

La oposición, por su parte, ha cargado duramente contra Puigdemont por la sentencia sobre corrupción y se ha opuesto a cualquier investidura a distancia. El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha amenazado incluso en prorrogar el artículo 155 de la Constitución que suspendió la autonomía de Catalunya si ésta se llega a producir.

En relación a la investidura del presidente de Catalunya, las formaciones independentistas tienen como plazo máximo hasta el 31 de enero para ponerse de acuerdo sobre cómo investir a Puigdemont o bien buscar alternativas.

El ejercicio del derecho de participación política de los diputados electos encarcelados o en Bruselas es ahora mismo una incógnita. Resulta casi imposible prever de qué manera los diputados electos Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras (en la cárcel) y Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Antoni Comín (en Bruselas) podrán votar.

Si el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, denegó las peticiones de permisos para salir temporalmente de prisión para asistir a las sesiones y ordenó que fuera el Parlament el que permitiera el voto delegado; ahora son los servicios jurídicos de la cámara los que ponen en duda la vía marcada por el magistrado. Cuestionando la intromisión del juez, consideran en su informe que el reglamento de la cámara no contempla los supuestos de delegación de voto en los casos mencionados. Es decir, ni estar en la cárcel ni estar en Bruselas con una orden de arresto en España son razones de “incapacidad” que, según los letrados, el reglamento contemple para permitir una delegación de voto.

Escucha el reportaje.



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