En el estado español, como si de un sujeto peligroso se tratara, la figura del inmigrante irregular ha sido objeto en los últimos meses de varias iniciativas legislativas que aumentan todavía más las dificultades de estas personas que luchan por instalarse en nuestro país. Una clara vulneración de los derechos humanos, tal y como denuncian las asociaciones de inmigrantes, que empeoraría la cruda realidad con la que se encuentran los llamados sin papeles, amparados en la Ley de Extranjería del año 2000. Una ley todavía vigente y que supone un pacto de mínimos, que trata a los inmigrantes de forma desigual con respecto al resto de la sociedad.

La información con la Coordinadora de Inmigrantes, COIN, con sede en Madrid.