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Ex presidente francés Nicolas Sarkozy imputado por corrupción, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional



Corrupción  |  Europa

2 de julio de 2014

El anuncio de la fiscalía ha llegado en un comunicado después de que Sarkozy pasara quince horas declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, a las afueras de París, medida inédita para un exjefe de Estado francés.

Muchos se preguntan ante el procesamiento judicial de Sarkozy, ¿en qué casos se puede inculpar a un ex mandatario en Francia, y qué significa eso para Sarkozy, que fue jefe de estado francés entre 2007 y 2012? Responde Carolina Cerda-Guzmán, experta en Derecho Constitucional en la Universidad francesa de Montpellier. [EN AUDIO]

En el mismo caso también han sido imputados su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert. Los tres tuvieron que declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que renunció Sarkozy, abogado de profesión. Los jueces buscan determinar si Sarkozy, a través de su abogado, trató de obtener informaciones del alto magistrado sobre un caso que lo concernía a cambio de la promesa de una promoción profesional.

Quieren saber también si Sarkozy fue informado ilícitamente de la decisión de ponerlo bajo escucha.

La decisión de interceptar los teléfonos de Sarkozy fue tomada en septiembre y en el marco de otra investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña electoral que le llevó a la presidencia del país en 2007. Se investiga si recibió dinero negro del derrocado y asesinado líder libio, Muamar el Gadafi.

La detención preventiva de un expresidente en las oficinas de la policía es inédita en Francia, pero no la imputación, ya que el año pasado el propio Nicolas Sarozy fue inculpado y luego sobreseído en el llamado “caso Bettencourt”, y su predecesor como presidente, el también conservador, Jacques Chirac, fue inculpado dos veces y luego condenado a dos años de prisión en suspenso por desvío de fondos públicos, abuso de confianza y apropiación indebida de intereses por sus actuaciones cuando era alcalde de París.

Con esta imputación se considera que la carrera política de Sarkozy está terminada, y es que el expresidente se planteaba anunciar su retorno político tras el verano. Al parecer, una de sus principales intenciones era cambiar el nombre de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido que le llevó al Palacio del Elíseo. Esa formación conservadora se encuentra ahora sumida en una profunda crisis interna, en grandes dificultades financieras y salpicada por varios escándalos de corrupción.

Mientras, desde el actual Gobierno francés, el portavoz gubernamental y ministro de Agricultura, el socialista Stephane Le Foll, dijo que los magistrados deben "ir hasta el final" porque "Nicolas Sarkozy es un justiciable, como los demás".

Sarkozy, vinculado a siete investigaciones judiciales, ya había sido temporalmente imputado, como señalábamos antes, por el "caso Bettencourt", que pretende esclarecer si la multimillonaria heredera de L’Oreal financió ilegalmente su campaña presidencial, como se sospecha de Gadafi.

El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta de diez años de prisión y 150.000 euros de multa. Además, la condena puede hacerle perder algunos derechos civiles.



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