En el Estado español, el 1 de septiembre de 2012 entró en vigor un Real Decreto-Ley según el cual las personas migrantes en situación administrativa irregular, y con la excepción de algunos supuestos, deben pagar para visitar al médico o hacerse analíticas.

Según Amnistía Internacional, las últimas reformas en materia de sanidad del Gobierno ha dejado a 873.000 migrantes sin tarjeta sanitaria. Una medida que pone en riesgo la vida de estas personas al impedir y dificultar su acceso al sistema sanitario. Tan sólo en las Islas Baleares se han retirado 20.000 tarjetas sanitarias, alrededor del 2% de la población balear.

Nuestros compañeros Fernando García y César Gutiérrez han elaborado el siguiente informe.