El presidente filipino, Benigno Aquino, ha declarado este lunes el estado de calamidad nacional tras los devastadores efectos que ha dejado a su paso por el centro del país el tifón ’Yolanda’, considerado uno de los más potentes de la historia.

El tifón, que hace tres días arrasó el centro del país, ha dejado al menos 10.000 muertos según fuentes policiales sólo en la provincia de Leyte, donde alrededor del 80% de los edificios han quedado arrasados. El balance oficial de víctimas se aproxima ya a las 2.000, según el último dato ofrecido este lunes por el Centro Nacional para la Gestión y la Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC).

La declaración del estado de calamidad nacional permitirá al Gobierno, entre otras cosas, fijar un techo en los precios en los bienes de primera necesidad y vigilar que no se cometan abusos en las ventas de este tipo de bienes así como medicinas y combustible; desbloquear fondos para proceder a reparar infraestructuras e instalaciones dañadas; o conceder préstamos sin intereses a los más afectados mediante cooperativas u organizaciones populares.

Si bien, ahora es el momento de atender la urgencia humanitaria ya se empieza a cuestionar el papel de las autoridades filipinas en la tragedia. Uno de los primeros en dejar caer cierta crítica ha sido Jean Luis de Brower, director de Operaciones Humanitarias y de Protección Civil en las Instituciones Europeas. Ante la pregunta de si las muertes de tantas personas ha sido inevitable respondió que “inevitables, no”. Y explicó el caso de la India hace menos de un mes. El 14 de octubre, la evacuación masiva de medio millón de personas evitó un enorme desastre humanitario en la costa este de India donde otro ciclón, el ’Phailin’, dejó un balance de 18 muertos. India contaba con refugios tras un drama de más de 10.000 muertos hace 14 años. Los responsables de Protección Civil en las Instituciones Europeas conocen estos datos, pero evitan criticar abiertamente a las autoridades Filipinas argumentando que "la insularidad del territorio" dificultó tomar medidas parecidas.

Pero claro, tampoco muchos Gobiernos pueden evitar ser criticados después de que hayan recortado en los últimos años el presupuesto para proyectos de cooperación al desarrollo. Un ejemplo claro es el enorme recorte que ha realizado el Gobierno español. Precisamente en estos días, la Coordinadora española de ONGs para el Desarrollo está denunciando que los Presupuestos Generales para 2014 han asestado un golpe mortal a la cooperación. Según estimaciones realizadas por la Coordinadora, el recorte asciende a un 9,2% con respecto al año pasado; lo que situaría a la cifra destinada a cooperación en menos de 2.000 millones de euros. Mercedes Ruiz-Giménez, presidenta de la Coordinadora de ONG de Desarrollo del Estado español, denuncia que lo que se encuentra detrás de los recortes no es la crisis, sino la imposición de un modelo neoliberal que destruye todo lo que tiene que ver con servicios sociales.