El Gobierno argentino anunció la supresión del sistema privado de pensiones que se creó en 1994. Además, un juez denunció por fraude a las administradoras privadas. La justicia argentina ordenó la entrada en las sedes de las diez administradoras de fondos de jubilación y pensión que operan en el país, investigadas por presunta defraudación a la administración pública. El juez busca recabar información sobre las últimas operaciones efectuadas por las Administradoras, firmas controladas mayoritariamente por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos.

El sistema privado de pensiones se creó bajo el Gobierno de Carlos Ménem con objetivos muy precisos que aparentemente no han dado los resultados esperados. Ahora, la presidenta argentina Cristina Fernández defendió la iniciativa de volver a nacionalizar las pensiones, al afirmar que “sostener el trabajo, las jubilaciones y las pensiones es sostener la economía”. Señaló que esta decisión se toma en un contexto internacional donde los principales Estados del G-8 y del no G-8 están adoptando una política de protección hacia bancos, sin embargo, dijo la Presidenta Fernández, en Argentina se opta por proteger a jubilados y trabajadores.

En España los sectores económicos poderosos critican duramente la medida del Gobierno argentino porque varias empresas financieras españolas tienen intereses en este país y participaban del sistema privado de pensiones. Esto ha hecho que la Bolsa de Madrid se desplome. Incluso algunos medios de comunicación que se autodefinen como progresistas han lanzado editoriales hablando del “disparate argentino” pensando más en los intereses de las empresas españolas y obviando si la medida da protección a los jubilados y trabajadores argentinos.