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Gobierno catalán presenta Ley del Referéndum y el Constitucional anula las partidas para la consulta



Pensamiento político y social  |  Estado Español

6 de julio de 2017

Los hechos se van sucediendo sin que la población catalana ni del resto del Estado sepan muy bien qué va a pasar finalmente, si habrá o no referéndum de independencia el 1 de octubre.

El Gobierno catalán presentó la Ley del Referéndum en la que se defiende que el plebiscito está amparado por la legalidad internacional y la legitimidad. El presidente catalán, Carles Puigdemont, garantizó que el 1 de octubre, las catalanas y los catalanes votarán sí o no a la independencia.

Observadores internacionales, creación de la Sindicatura Electoral de Cataluña y censo elaborado por la Generalitat. Estas son algunas cuestiones detalladas en la Ley de Referéndum excepcional para amparar la consulta vinculante de octubre. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, defendió que el Estado no podrá impedir la votación y ha apelado a la participación del ‘No’.

Los independentistas de la coalición que forma el gobierno catalán desgranaron la norma en el Parlamento, junto a su socio en el proceso hacia la independencia, el partido anticapitalista de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), pero sin informar aun cuándo se aprobarán la ley. No obstante, han avalado la declaración inmediata de independencia en caso de ganar el ‘Sí’, sin tener en cuenta los datos de participación.

Y el pleno del Tribunal Constitucional español ha decidido por unanimidad declarar inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum soberanista convocado para el 1 de octubre. Se trata de tres partidas de 5 millones de euros, 800.000 euros y 407.450 euros, destinadas a "procesos electorales y consultas populares". Esas partidas ya habían quedado en suspenso tras la admisión a trámite del recurso el pasado mes de abril y ahora el Tribunal recalca que, si se destinan al fin para el que fueron presupuestadas (el referéndum del 1 de octubre), son inconstitucionales.

El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, ha respondido con un contundente mensaje a través de Twitter al escribir: “el Tribunal Constitucional no podrá anular la democracia”.

Curiosamente, el mismo argumento de defender la democracia fue utilizado por el presidente Rajoy para posicionarse en contra del referéndum soberanista.

Un foro político reunió este miércoles a los tres últimos presidentes españoles Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, quienes también están en contra del referéndum catalán.

Las tres partidos de la oposición con más peso en el Congreso son el Partido Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos.

Ciudadanos apoya la postura del gobierno del Partido Popular y considera ilegal el referéndum que pretende realizar el Gobierno catalán.

El PSOE se pone al lado del Gobierno en la defensa de la legalidad y de la Constitución ante el desafío secesionista de Cataluña pero considera necesario que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, trate de encontrar “una solución política”. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, defiende su idea de que España es una nación de naciones, que Cataluña es una nación, y que la mejor solución sería conformar un Estado federal.

Por su parte, Pablo Iglesias, líder de Podemos, defiende que se pueda convocar un referéndum unilateral, pero habría que garantizar mediante el diálogo y el acuerdo, que el resultado, aceptado por todas las partes, pueda ser legalmente vinculante.

Mientras, el Partido Popular ha elevado el tono al pedir la intervención inmediata de la Fiscalía para impedir la aprobación de la Ley del Referéndum. A su vez ha intentado hacer mella en la destitución fulminante, por parte del presidente catalán Puigdemont, del consejero de empresa de su gobierno, Jordi Baiget, por dudar públicamente de la celebración del referéndum. Este cierre de filas soberanista ha sido un aviso a navegantes en un momento crucial en el choque con el gobierno español, en lo que supone de facto el primer acto de desobediencia de un gobierno autonómico contra el Estado.



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