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Gobierno de Rajoy multará con hasta 30 mil euros impedir un desahucio



ONG, colectivos y sociedad civilJusticia e In-Justicia  |  Estado Español

29 de noviembre de 2013

El Gobierno derechista de Mariano Rajoy se radicaliza aún más moviendose a posiciones ultras con la aprobación este viernes en el Consejo de Ministros de la Ley de Seguridad Ciudadana, la que los movimientos sociales han bautizado como Ley de Represión Ciudadana. La Ley finalmente ha sido aprobada con algunas modificaciones con respecto al borrador inicial. Estos cambios se refieren principalmente a las manifestaciones frente a instituciones públicas como el Congreso, el Senado o las delegaciones de las distintas Comunidades Autónomas que pasan de ser, en el borrador, una infracción muy grave con sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros a una infracción grave con multas entre 1.000 y 30.000 euros. Otra de las modificaciones es la que se refiere a las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones, así como la grabación y difusión de imágenes de los miembros de Fuerzas y Seguridad del Estado que atenten contra el honor o la seguridad, que no serán infracciones administrativas graves sino leves, sancionables con entre 100 y 1.000 euros.

El Gobierno prevé multar con sanciones de hasta 30.000 euros las ofensas o ultrajes a España, las comunidades autónomas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones e himnos cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estos actos están considerados como infracción grave en el texto presentado por su Departamento, sancionadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.

Además se mantiene la consideración de infracción grave la alteración de orden público estando encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.

El Gobierno debe ver un problema en las múltiples paralizaciones de desahucios por parte de la sociedad civil, y de forma pacífica, de familias y personas que ven como en época de crisis no pueden hacer frente a los pagos de hipotecas o alquileres. La mayor parte de los desahucios son ejecutados por los bancos que fueron rescatados con el dinero público. Sin embargo el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido multar a las personas que se sienten delante de una vivienda para impedir la ejecución del desahucio. Por eso tipifica como sanción grave la obstrucción de la autoridad en la ejecución de decisiones administrativas o judiciales, como los desahucios, pero también la negativa a identificarse o las manifestaciones sin autorización así como la negativa a disolver las que sí tienen ese permiso.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado esta ley de Seguridad ciudadana, que sustituiría a la llamada ’ley Corcuera’ vigente desde 1992, como una "iniciativa despenalizadora del Gobierno" y sus sanciones como un "reproche coercitivo de menor intensidad". Según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con esta norma "ganan espacio las libertades públicas que están mejor reguladas y mejor protegidas". Sin embargo, colectivos, organizaciones sociales y de Derechos Humanos afirman lo contrario y señalan que las medidas se acercan a las existentes en regímenes totalitarios.



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