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Gobierno español en evidencia: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paraliza el desalojo de un edificio ocupado por 16 familias en Salt



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16 de octubre de 2013

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de la Unión Europea ha paralizado temporalmente el desalojo de un bloque ocupado por 16 familias en la localidad de Salt, en la provincia catalana de Girona.

Más de 700 personas de distintos puntos del Estado español llegaron el lunes al edificio de Salt ocupado por 40 personas, 21 de ellas menores. Este edificio, vacío desde hacía tres años, fue ocupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Girona en marzo, en el marco de la Obra Social de la PAH, y en él se realojó a 16 familias que habían sido víctimas de desahucios. Sin embargo, la Audiencia de Girona ordenó su desalojo este verano después de que lo pidiera la propiedad, el SAREB, el llamado Banco Malo que formó el Gobierno para hacerse cargo y vender los inmuebles y productos financieros basura que tenían los bancos. El Tribunal de Derechos Humanos paraliza el desalojo de manera temporal y emitirá una sentencia en firme sobre el caso el próximo 29 de octubre.

A raíz de un recurso presentado por la defensa de los habitantes del bloque, Estrasburgo consideró que no se cumplían todas las garantías en el proceso de desalojo, como por ejemplo el derecho a audiencia de las familias, que no han tenido voz en todo el proceso. Además, antes de tomar una decisión el tribunal insta al gobierno español a explicar cómo garantizarán el derecho a la vivienda para todos los realojados. Esta resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede sentar jurisprudencia para otros casos de familias que están en proceso de ser desahuciadas de sus hogares.

En concreto, el tribunal dictaba la suspensión cautelar en base a los artículos tercero y octavo del Convenio Europeo de protección Derechos Humanos. Estos puntos sostienen que el Estado no puede ofrecer un trato inhumano y degradante a las personas, por un lado, y que todo el mundo tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar. Y es que si no llega a paralizar el desalojo el Tribunal Europeo, un banco que funciona con dinero público hubiera llevado a la calle a 40 personas.

Sin duda, se trata de una nueva victoria ciudadana contra la tragedia de los desahucios que vuelve a dejar en evidencia ante Europa al Gobierno español del Partido Popular y de Mariano Rajoy.

Escucha a Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.



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