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Indígenas y comunidades rurales en Colombia viven una oleada de desplazamientos forzosos



Guerras y conflictosPueblos indígenas  |  América Latina y el Caribe

21 de febrero de 2018

En Colombia, más de ochocientas personas, casi la mitad niños, han sido forzadas por grupos armados a dejar sus hogares en varias zonas del Bajo Cauca en Antioquia. La ONU pidió al gobierno garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia expresaron su preocupación ante el aumento del desplazamiento forzoso de indígenas y campesinos y los abusos a sus garantías fundamentales cometidos en la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia.

Desde el 19 de enero, al menos 822 personas (461 adultos y 361 niños, niñas y adolescentes) han sido desplazadas a la fuerza en varias veredas, mientras que los homicidios han aumentado hasta un 255% en comparación con 2017, según las cifras oficiales.

“En el Bajo Cauca estamos observando violaciones de derechos humanos, tales como amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio”, expresa la Oficina.

Según despachos de prensa, el aumento de la violencia en la región se debe particularmente a la lucha por el control de los negocios ilícitos y toda la cadena del narcotráfico. Grupos armados ilegales se estarían disputando con el ELN y disidentes de las FARC el control de las actividades ilegales en esos extensos territorios. La confrontación pone en riesgo a numerosas comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.

La Defensoría del Pueblo había advertido sobre la situación el pasado 22 de enero y tanto ACNUR como la Oficina del Alto Comisionado reconocieron el esfuerzo que han realizado las autoridades hasta el momento para abordar la situación, pero advierten que ésta continúa empeorando.

“Instamos al Estado a que evalúe la efectividad en la implementación de la política de prevención y protección de las personas, pues hasta ahora las medidas adoptadas han sido insuficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia”, dicen. “En especial, urgimos a que el Estado garantice que los recursos humanos y económicos sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual y para generar condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana”, añaden.

Los organismos además hacen un llamado para que se inicie una estrategia integral específica para el Bajo Cauca sobre prevención, protección y garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos y recomendaron que ésta se inicie con un análisis de factores como la corrupción, la pobreza, la falta de participación política y acceso a servicios básicos en la zona.


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