El futuro europeo pende de un hilo. El hilo del voto de los electores irlandeses. Y es que la República de Irlanda es el único país que decide a través de referéndum popular si ratifica el denominado Tratado de Lisboa, un tratado de reforma que pretende sustituir a la fallida Constitución rechazada en 2005.

La razón para el nerviosismo continental es que todos los 27 estados miembros tienen que aprobar el tratado para que pueda entrar en vigor, y sólo Irlanda se arriesgó en esta ocasión a dejar la decisión en manos de la población.

Hace tres años, el rotundo No de los referendos de Francia y Holanda acalló los temores de aquellos que no desean más transferencia de poder de los países miembros a las instituciones europeas y los que se oponen a la idea de un "superestado". Pero a finales del año pasado, en una reunión en Lisboa, los líderes de la UE firmaron en la capital portuguesa un nuevo tratado con el que pusieron fin a siete años de negociaciones para, según dijeron, mejorar el desempeño institucional de ese grupo de países y fortalecer su posición en el mundo.

Y la lección estaba aprendida, los Estados no han querido someter a votación popular el nuevo tratado para evitarse un nuevo fracaso. Todos menos Irlanda y ahora si se confirma el triunfo del NO, el Tratado de Lisboa pasará a ser historia. Los electores irlandeses son los únicos de los casi 500 millones de europeos que han sido convocados a pronunciarse a través de un voto directo. En el resto de los países, la ratificación ha sido encargada a los respectivos parlamentos.

Es curioso que mientras en toda Europa, las encuestas muestran que el 70% o más de los ciudadanos quieren un referéndum sobre este tema, la élite política en Bruselas y los líderes no lo permiten para evitarse la inconveniencia de un debate.

En la campaña del NO al Tratado de Lisboa en Irlanda se han esgrimido varios argumentos, como por ejemplo, la independencia fiscal irlandesa, su neutralidad, su pérdida de influencia en la toma de decisiones en la UE, las políticas económicas ultraliberales de Bruselas y hasta el aborto o la eutanasia han sido algunos de las asuntos esgrimidos por los diversos y variopintos grupos opuestos al Tratado.