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Jueza argentina María Servini continúa en el Estado español las declaraciones de la causa contra el franquismo



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20 de mayo de 2014

En el Estado español, todos los Gobiernos de la democracia, el primer Gobierno de la Unión de Centro Democrático, y los posteriores gobiernos del Partido Socialista y Partido Popular no han hecho nada por activar los resortes necesarios que amparen a las víctimas de la dictadura franquista. A los ojos de la clase política gobernante la dictadura de Franco pareciera una dictablanda sin víctimas, ni represaliados, ni desaparecidos, ni asesinados. Pero nada más lejos de la verdad.

El mundo entero se va enterando poco a poco que lo que se vivió en el Estado español durante 40 años fue una de las dictaduras más criminales de la historia. A día de hoy hay más de 150.000 personas desaparecidas, más de 2.500 fosas comunes por exhumar y al menos 30 mil bebés fueron robados a sus madres haciéndolas creer que habían fallecido al nacer. Son crímenes del franquismo que siguen esperando una solución que el estado les niega.

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica, que ni investiga, ni hace Justicia, ni siquiera se cumple la normativa que obliga a todas las localidades del Estado a cambiar los nombres de calles y plazas que, a día de hoy, siguen rindiendo homenaje a criminales y represores del franquismo.

El actual Gobierno, del derechista Partido Popular, partido fundado por el que fuera ministro franquista Manuel Fraga Iribarne, ha aplicado su mayoría absoluta para rechazar en varias ocasiones la condena del Congreso a la dictadura franquista, algo impensable en países europeos donde el fascismo también sembró el terror durante años, como Alemania o Italia. No sería imaginable que en cualquier ciudad o pueblo de Alemania aún existiera una plaza llamada Plaza de Hitler. Sin embargo, en el Estado español aún hay muchas plazas, calles y avenidas del Generalísimo Franco.

El Gobierno afirma que no se deben reabrir las heridas del pasado en pro de la reconciliación nacional. Sin embargo, olvidan que hay heridas de millones de personas que nunca se cerraron y no se podrán cerrar mientras haya un padre, una madre, un familiar o un amigo asesinado impunemente y desaparecidos en fosas comunes o en tumbas improvisadas en los caminos y campos. Y el Estado no hace nada por devolver la dignidad a esas víctimas ni por procesar a los que participaron de aquellas torturas y crímenes.

Ahora se ha encendido una luz de esperanza para las víctimas del franquismo. Pero llega de lejos, de Argentina. En ese país, la Justicia admitió a trámite una querella por crímenes franquistas. Se juzgan, de momento, los asesinatos de un alcalde, un edil, un diputado y un estudiante miliciano. Medio centenar de víctimas acudieron en el pasado mes de noviembre a Buenos Aires para declarar ante la jueza María Servini, encargada del caso. La argentina es la única justicia que las víctimas esperan encontrar después de que en 2012 se cerraran las puertas de la justicia española cuando el Tribunal Supremo decidiera cerrar a cal y canto la investigación de los crímenes franquistas como delitos de lesa humanidad.

La denuncia se presentó en 2010 en Buenos Aires. En esta causa judicial sólo se juzga a 4 torturadores. En estos días, la jueza argentina María Servini se encuentra en España para tomar declaración a algunas de las víctimas personadas en el proceso y que no pudieron viajar a Buenos Aires.

La magistrada se ha reunido este lunes con Félix Padín, militante histórico de CNT y exprisionero del campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos).El encuentro ha tenido lugar en el hospital Santiago Apóstol, también en Miranda de Ebro, donde Padín ha sido ingresado por una hemorragia interna.

Aunque el estado de salud de Padín le ha impedido prestar una declaración completa, según han precisado fuentes de CNT, sí ha podido contarle a la jueza algunas de sus vivencias durante la dictadura franquista, de manera que la jueza ha podido comprobar el estado de lucidez del veterano anarcosindicalista.

El sindicato CNT ha anunciado que en las próximas horas entregará a la magistrada argentina una declaración por escrito de Padín en la que relata su paso por el campo de concentración de Miranda de Ebro y por diversos batallones de trabajos forzados. Su caso cobra especial relevancia, ya que se trata de uno de los pocos represaliados del franquismo que aún permanece con vida y su nombre ya figuraba en la denuncia colectiva presentada ante la justicia argentina por CNT.

Servini llegó al País Vasco el domingo para iniciar los interrogatorios. Este martes tomará testimonio a los hermanos Calzada, hijos de un padre fusilado por las tropas franquistas en Busturia en 1937. Se trata de Julen y María Luisa Calzada. El primero de ellos es cura, estuvo preso en Zamora y fue juzgado en el ’proceso de Burgos’.

Luego, la jueza se desplazará a Andalucía y finalizará su estancia en España el 30 de mayo en Madrid.

Servini se encarga de la investigación de los presuntos crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista desde el 18 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España.

Tras asegurar que hace todo lo que está en su mano para el esclarecimiento de los hechos, la magistrada ha asegurado que no está sorprendida porque algunas extradiciones que ha solicitado se le hayan denegado, como han sido los casos del exinspector Antonio González Pacheco, alias ’Billy el Niño’, y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar. Desde que comenzara el periodo de instrucción la jueza argentina sólo ha recibido excusas y demoras por parte del Ejecutivo español de Mariano Rajoy y de las autoridades judiciales.

El poder judicial español se ampara en la Ley de Amnistía del año 1977 para impedir la investigación del genocidio franquista, pero en Argentina, la jueza Servini asegura no sentirse afectada por esa ley y se aferra el derecho internacional que considera imprescriptible los delitos de genocidio y lesa humanidad.

En su viaje, la jueza "tiene intención" de "recabar directamente pruebas y documentación sobre los crímenes franquistas en diferentes entidades y archivos del Estado español.

Escucha el reportaje.



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