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La Audiencia Nacional manda a prisión sin fianza a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural



Justicia e In-Justicia  |  Estado Español

17 de octubre de 2017

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este lunes el ingreso en prisión incondicional sin fianza para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por promover las concentraciones del pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona.

La magistrada atiende la petición de la Fiscalía tras tomarles declaración por segunda vez en calidad de investigados por un delito de sedición, penado con hasta diez años de cárcel y les envía a prisión al entender que en las convocatorias hechas por los líderes soberanistas se hacía un llamamiento, no a una manifestación pacífica, sino a la "protección" de los gobernantes catalanes mediante "movilizaciones ciudadanas masivas".
Así lo ha expuesto la juez en el auto por el cual ha acordado la libertad con medidas cautelares para el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero, y para la intendente Teresa Laplana. Los cuatro han sido citados a declarar por segunda vez tras el nuevo atestado de la Guardia Civil incorporado a la causa sobre los incidentes ocurridos durante registros y detenciones a miembros del Gobierno de Catalunya que planeaban y buscaban la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre.

Tanto el 20 como 21 de septiembre los dos acusados, altavoz en mano, animaron a miles de independentistas a seguir con la presión en las calles. Ellos siempre han señalado que sus llamamientos eran a la manifestación pacífica. Ninguno de los dos cometieron los actos de violencia, que sí cometió una parte de manifestantes en la protesta frente a la Consejería de Economía, donde agentes de la policía nacional y Guardia Civil no pudieron salir durante casi 24 horas y donde algunos coches de la guardia civil fueron destrozados.

Sin embargo, la jueza los considera instigadores de esos hechos y los manda a prisión. Se les puede condenar a entre 10 y 14 años de prisión. Un hecho que muchos analistas políticos incluso juristas consideran desproporcionado. Lo comparan con el hecho de que muchos cargos políticos corruptos aún están en libertad y sin juicios.

Tras la decisión de la jueza se esperan manifestaciones de protesta en diferentes localidades de Catalunya en solidaridad con los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural.



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